Dejé el empleo porque me reconocieron la pensión de invalidez, después me la quitaron. Ahora estoy sin pensión y sin trabajo, ¿qué hago?

Un lector nos ha formulado la pregunta que le sirve de título a esta columna.

De entrada debemos anotar que no existe en nuestra normativa legal ninguna disposición que regule textual y puntualmente la situación que se presenta cuando una persona deja su empleo debido a que se le ha reconocido la pensión de invalidez y luego de un tiempo de estar recibiéndola es privado de la misma porque al revisar su condición de discapacidad se encuentra que ésta ha disminuido de tal manera que su pérdida de capacidad laboral ahora es inferior al 50%,  con lo cual desaparece el fundamento de la pensión.

A un abogado inexperto muy seguramente se le ocurriría demandar el acto administrativo que dispone la suspensión del pago de la pensión, alegando, por ejemplo, que se trata del desconocimiento de  un derecho adquirido. Otro probablemente acudiría  a la acción de tutela aduciendo que al pensionado se le vulneró el derecho al mínimo vital, a la vida, a la seguridad social, etc., o irían a la justicia ordinaria laboral con argumentos similares. O sea, que todos ellos pedirían que se restableciera el pago de la pensión.  En esos casos el resultado sería el mismo: la decisión adoptada por la entidad pagadora de la pensión debe mantener su firmeza, toda vez que se ajusta a la ley,  por cuanto al haber desaparecido la causa que le dio origen a la pensión ésta estaba llamada a desaparecer.

Pues bien, ante la falta de regulación legal al ciudadano incurso en esa situación no le quedaría otra opción que exigirle a su antiguo empleador que lo reintegre al cargo que venía desempeñando en la empresa al momento de salir de ella por efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez, o a otro cargo de igual o superior nivel, sin menoscabo alguno de sus derechos.

Esa es la solución que ha encontrado la jurisprudencia para resolver la situación de vulnerabilidad a que queda expuesta la persona al ser privada del salario que devengaba y de la pensión que percibía.

Al ocuparse de un caso de contornos similares al que se viene de enunciar, la Corte Constitucional recordó que la Ley 100 de 1993, establece que el beneficiario de una pensión de invalidez debe someterse periódicamente a revisión para determinar su evolución y de conformidad con el resultado puede incluso suspenderse el pago de la prestación.

Y  acotó: 

“(…) Lo anterior indica que cuando la incapacidad del pensionado por invalidez disminuye por debajo de los límites establecidos en la ley -según el examen médico que puede practicársele trienalmente-, es legítimo declarar la extinción de la pensión de invalidez”.

“(…) Sin embargo, en la Sentencia T- 050 del 1 de febrero de 2007 consideró la Corporación que quien pierde su derecho a la pensión- en virtud de la recalificación de su estado de invalidez- tiene el derecho a ser reintegrado al cargo que venía desempeñando al momento de su despido (o retiro) (…)”

Ahora bien, aquí surgen inevitablemente las siguientes preguntas

-Qué puede hacer el trabajador si el empleador se niega a reintegrarlo?

-¿Puede acudir a la justicia ordinaria laboral (o contenciosa administrativa) para que el juez diga si el trabajador tiene o no derecho al reintegro?   

Muy sencillo: la Jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha señalado el camino a seguir: la acción de tutela.

Así se expresó esa alta Corporación en la Sentencia en comento: 

“Es por ello que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para obtenerlo, al no existir otro medio de defensa judicial efectivo para el efecto. (…) :

“En el presente caso, no encuentra la Sala un mecanismo de defensa judicial del cual pueda disponer el actor para solicitar su reintegro al cargo luego de haber sido pensionado por invalidez, y haber perdido su pensión por recuperar su capacidad laboral. En efecto, no existe norma en el ordenamiento jurídico colombiano que prevea tal situación, razón por la cual la acción de tutela procede de manera directa y definitiva, y se convierte en el medio judicial preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales que aquí se debaten.”

De esta forma, cuando la Junta de Calificación determina que quien percibía una pensión de invalidez, frente a una nueva evaluación, ya no presenta el grado de incapacidad requerido para ser beneficiario de la misma, éste pierde el derecho a continuar percibiendo la pensión de invalidez, pero a su vez nace para él la posibilidad de su reintegro al cargo que venía desempeñando antes de la declaratoria de invalidez.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que para quien fue pensionado por invalidez, en principio, nace su derecho al reintegro, pues, se extingue a su vez, el de continuar percibiendo las mesadas pensionales. En este sentido, la Corte ha considerado que a pesar de no proceder la acción de tutela para atacar los actos que extinguieron la pensión, resulta procedente tutelar el reintegro inmediato del trabajador, en aras de proteger el mínimo vital vulnerado por la suspensión intempestiva de su pensión. (…)

“(…) en la Sentencia T-356 del 9 de agosto de 1995, la Corte estudió el caso de una acción de tutela presentada por una servidora pública, empleada de la gobernación del Valle del Cauca, con más de 19 años al servicio de la entidad, quien fue pensionada por invalidez, y a quien posteriormente le fue extinguida esta prestación con base en la valoración. La accionante solicitaba que no se le suspendiera el pago la pensión de invalidez.  En este caso, si bien el Tribunal consideró que la controversia frente a los dictámenes médicos no podía dilucidarse mediante la acción de tutela, se amparó el derecho a la reubicación laboral.  En tal sentido consideró lo siguiente:

“Una respuesta racional, basada en la obvia circunstancia de que el retiro del trabajo no ha sido voluntario, sería la siguiente: cuando el inválido se recupera para su trabajo habitual, tiene derecho a su reincorporación porque entran en juego tres principios constitucionales: el orden justo (Preámbulo de la Carta), el Estado social de derecho (art. 1º C.P.) y la protección al trabajo (art. 53 C.P.). Es que, si el inválido recupera en todo o en parte su capacidad y ello es constatado en la revisión médica, legalmente practicada, y, por consiguiente, hay un cambio en la calificación de la incapacidad del trabajador, entonces, se reabre para éste la perspectiva de ser readmitido en el puesto de trabajo del cual fue alejado por fuerza mayor (la invalidez sobreviviente). No hacerlo significaría que una calamidad (la enfermedad) se convertiría en razón suficiente para dislocar el derecho al trabajo, esto no es justo ni compatible con el Estado Social de Derecho (…)”

En conclusión, la jurisprudencia de la Corte, ha fijado como criterio que aquellas personas que recuperan su capacidad laboral, por haber cesado la invalidez que temporalmente las aquejó, tienen derecho a ser reubicadas.

Quien desee profundizar en el tema puede consultar la Sentencia T-497 del 23 de julio de 2009 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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5 Opiniones
  1. Andrés dice:

    Sigo e insisto: ¿que culpa tiene el empleador? … algunos pensarán, que la incapacidad laboral la causó el trabajo que desempeñaba. Pero no necesariamente puede ser. Ya que puede ser que su origen esté relacionado a algún trabajo anterior. Ahora, que se hace en los casos de: que el empleador ya no tenga la capacidad para reubicarlo o inclusive en la capacidad de recontratarlo, aduciendo que no tiene capacidad económica, o inclusive que ya no lo requiere. ETC. O peor aún, que el empleador ya no exista.

    Siempre he pensado que somos un remedo de país. Y lo seremos por final de los días, de los días. Amén.

    • Alonso Riobó Rubio dice:

      El derecho es ante todo lógica. Y en ese orden, la ley no le puede exigir a las personas, y de hecho no les exige, cosas imposibles. Es claro que si la empresa no existe o el empleador falleció, o cerró el establecimiento, no procedería el reintegro. En concreto, el trabajador podría solicitar el reintegro siempre y cuando existan las condiciones físicas y materiales necesarias para hacerlo posible.

      Y vale aclarar que Colombia no es el único país en el que la ley protege al trabajador, todos los Estados del mundo lo hacen, esa es una conquista de la humanidad. El derecho laboral es por esencia tuitivo, porque frente a la evidente desigualdad que existe entre el capital y el trabajo, la ley tercia a favor del trabajador para lograr el equilibrio justo que se requiere. De ahí que el Código Sustantivo del Trabajo consagre expresamente en el artículo 1º, que su finalidad es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

      El viejo lema del liberalismo económico “Laisser faire laisser passer” hace mucho tiempo perdió vigencia.

      Saludos,

  2. Carlos humberto Jimenez Leon dice:

    por favor deseo saber tengo una amiga quien trabajo para una sola empresa durante 28 años al solicitar la historia laboral cuenta con 1377 semanas cotizadas siempre devengo el equivalente a dos salarios basicos establecidos para la fecha de retiro y arreglo con la compañia fecha de retiro enero del año 2000. La pregunta

    que queremos hacer es ella tiene en este momento 56 años de edad , el proximo año se pensionaria ,le estan ofreciendo un trabajo de medio tiempo con un salario minimo vigente le afectaria en algo su promedio para la liquidacion de la pension .

    muchas gracias por su reespuesta.
    att carlos jimenez.

  3. Alonso Riobó Rubio dice:

    Para liquidar la pensión Colpensiones hace lo siguiente:

    1. Toma el salario con base en el cual cotizó el trabajador en cada uno de los últimos 10 años y lo trae a valor presente, o sea que lo indexa.

    2. Para indexar una suma de dinero se hace lo siguiente: se toma esa suma y se multiplica por la cifra que resulte de dividir el IPC final entre el IPC inicial, y el resultado así obtenido será la suma indexada.

    3. El IPC final es el actual indice de precios al consumidor.

    4. El IPC inicial es el índice de preciso al consumidor de la fecha antigua.

    5. Para saber cuales son esos IPC, puede consultarse la página del Dane o la del Banco de La República.

    6. Una vez indexados los salarios de los últimos 10 años, se determina el IBL final (promedio mensual de los 10 años).

    7. Una vez obtenido el IBL debidamente actualizado se procede a liquidar la pensión y para ello se aplica la fórmula que consagra el Art. 10 de la ley 797 de 2003, que dice:

    “Artículo 34. Monto de la Pensión de Vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. (Recuérdese que a partir del 2005 se incrementó el número mínimo de semanas, el cual para el 2017 es 1.300)
    Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

    r = 65.50 – 0.50 s, donde:
    r =porcentaje del ingreso de liquidación.
    s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

    De conformidad con lo anterior, se toma el IBL y se divide entre el valor del salario mínimo legal, que para el año 2017 es $ 737.717, el resultado lo multiplicamos por 0.5, y el producto de esa operación se la restamos a 65.5. El resultado lo multiplicamos por el IBL y obtenemos el valor de la pensión.

    El siguiente ejemplo nos facilita entender el asunto:

    Se va a liquidar la pensión de un trabajador cuyo ingreso base de liquidación resultó ser $ 6.000.000, no es beneficiario del régimen de transición y sólo cotizó el mínimo de semanas requeridas para obtener la pensión. Los pasos a seguir son los siguientes:

    Dividimos $ 6.000.000 entre $ 737.717 (salario mínimo legal) = 8.13
    Multiplicamos 8.13 X 0.5 = 4.065
    A 65.5 le restamos 4.065 = 61.435%
    Multiplicamos $ 6.000.000 X 61.435% = $ 3.686.100 que es el valor de la pensión.

    Como puede observarse, una persona cuyo IBL fue $ 6.000.000 le corresponde una pensión de $ 3.686.100

    Con base en lo que se viene de exponer, los lectores podrán hacer los cálculos de su eventual pensión.

    Saludos,

  4. Monica santander dice:

    Un pensionado por invalidez comun que su último salario fue de 1, 362.000 y tiene 880 semanas de cotizar a colpensiones y fue calificado por la junta con 62% . ¿cual seria su salario de pension? Gracias

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