Prácticas laborales indebidas de algunos empleadores

Hay un conjunto de prácticas que se repiten en las empresas y que el trabajador suele aceptar por desconocimiento o por temor, aunque la ley no las permita: hacer firmar documentos en blanco, descontar pérdidas del salario, presionar la renuncia o exigir el SISBEN para no pagar seguridad social. A continuación las agrupamos por tipo, con la regla que cada una desconoce y lo que puede hacerse frente a ellas.

Al vincular al trabajador.

Las primeras irregularidades aparecen antes de que el contrato empiece a producir efectos.

Las dos primeras comparten la misma lógica: desplazar la fecha de inicio para recortar prestaciones. Se desvirtúan con los soportes de ingreso, los testigos o cualquier prueba de la prestación efectiva del servicio, como desarrollamos en relación laboral.

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• Liquidador de pensiones en Colpensiones

Durante la ejecución del contrato.

Son las más numerosas y las que el trabajador soporta día a día.

En materia de salario y descuentos.

• Fraccionar el pago del salario en varios abonos.
• Descontar el valor de herramientas o materias primas perdidas o dañadas sin que medie culpa del trabajador.
• Descontar el domingo cuando el trabajador faltó por incapacidad médica.
• Sacar al trabajador a vacaciones sin pagarle los días que va a disfrutar.
• Obligar a laborar más allá del límite legal sin pagar las horas extras.
• Contratar medio tiempo y exigir más de la jornada pactada sin pagar el trabajo extra.
• Exigir que el trabajador aporte sus propias herramientas sin remunerar ese uso.

Los descuentos por pérdidas o daños son el caso más frecuente, y la regla es clara: el empleador no puede deducir suma alguna del salario sin autorización escrita del trabajador o sin orden judicial, como explicamos en pérdidas de dinero o bienes en la empresa. Y el uso del vehículo o de herramientas propias debe compensarse, como tratamos en auxilio de rodamiento.

En materia de dignidad y privacidad.

• Hacer desvestir al trabajador al salir de la empresa para verificar que no se lleva nada.
• Instalar micrófonos o cámaras en vestidores, baños o comedores.
• Entregar ropa usada a título de dotación.
• Cubrir la dotación de avisos publicitarios hasta volverla ridícula.
• Obligar a las vendedoras a permanecer de pie durante jornadas largas.
• Obligar al trabajador a almorzar de pie mientras atiende clientes.
• Exigirle que venda rifas o boletas para actividades internas.

Las dos primeras exceden con claridad lo que una requisa permite. La revisión de pertenencias es admisible como medida de control, pero no puede incluir el retiro de prendas ni la vigilancia de espacios privados, como desarrollamos en requisas al trabajador. Y las rifas forzosas están prohibidas de forma expresa.

Para forzar la renuncia.

Es el grupo más grave, porque busca evitar la indemnización por despido.

• Trasladar al trabajador a lugares inconvenientes para él.
• Imponer metas inalcanzables.
• Acusarlo de hurto y ofrecerle no denunciarlo a cambio de la renuncia.
• Presionarlo o engañarlo para que presente la carta de renuncia.
• Cambiar el tipo de contrato con promesas falsas, de indefinido a fijo o a prestación de servicios.
• Exigir carta de renuncia al vender el establecimiento de comercio.
• Impedir el ingreso a la empresa como sanción por llegar unos minutos tarde.

Todas comparten la misma respuesta jurídica: la renuncia provocada por el incumplimiento del empleador es un despido indirecto y da derecho a la misma indemnización, siempre que el trabajador pruebe las causas. Y al vender el establecimiento opera la sustitución patronal, de modo que nadie tiene que renunciar.

De acuerdo con nuestro criterio, la práctica de acusar de hurto para forzar la renuncia es la más grave de la lista, porque suma al despido encubierto una amenaza que puede constituir un delito. Conviene documentarla y no ceder: el empleador que denuncia sin fundamento queda expuesto a su vez.

Al terminar el contrato.

El último tramo concentra las prácticas de mayor efecto económico.

La firma de documentos en blanco es la que más daño causa, porque después resulta casi imposible desvirtuar lo que se escribió encima. Nunca conviene firmar un documento con espacios sin diligenciar, ni siquiera la liquidación.

Sobre el paz y salvo conviene recordar que firmarlo no impide reclamar lo que no se pagó, como explicamos en derechos ciertos e indiscutibles. Y sobre la certificación, que la ley prohíbe incluir anotaciones perjudiciales, como tratamos en malas referencias laborales.

Qué puede hacer el trabajador.

Frente a cualquiera de estas prácticas hay tres caminos, que pueden ejercerse de forma simultánea:

1. Reclamar por escrito al empleador, lo que además interrumpe la prescripción por una sola vez.
2. Presentar queja ante el Ministerio del Trabajo, que puede hacerse de forma anónima y que resuelve el temor a la represalia.
3. Demandar ante el juez laboral, que es la única vía para que se reconozcan y ordenen los pagos.

De acuerdo con nuestro criterio, lo decisivo en todos los casos es la prueba, y se construye mientras la relación está vigente: conservar el contrato, los desprendibles, los mensajes y los correos cuesta poco en su momento y resulta imposible de reconstruir después. Las acciones prescriben en tres años, como explicamos en prescripción de los derechos laborales.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.

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