Procesos declarativos

Los procesos declarativos son aquellos en los que el demandante pide al juez que declare la existencia de un derecho o de una situación jurídica que está en discusión, y, en su caso, que condene al demandado. El Código General del Proceso (CGP) los regula a partir del artículo 368 y los divide en tres clases: el proceso verbal, que es el trámite general; el verbal sumario, para los asuntos de mínima cuantía y otros señalados en el artículo 390; y los declarativos especiales: expropiación, deslinde y amojonamiento, divisorio y monitorio.

Qué es un proceso declarativo.

El proceso declarativo es aquel en el que no existe un derecho cierto, sino una pretensión que el demandante busca que el juez reconozca. Se acude al juez para obtener certeza: que declare que un contrato es nulo, que alguien es dueño de un bien, que hubo un incumplimiento o que se causaron unos perjuicios, y que condene a pagarlos.

Por eso el proceso declarativo comienza con una discusión: el demandante presenta su versión y sus pruebas, el demandado se defiende, y el juez decide en la sentencia quién tiene la razón. La sentencia que resulta es la que luego puede cobrarse en un proceso ejecutivo si el condenado no cumple.

Lo que antes se conocía como proceso ordinario corresponde hoy, en lo esencial, al proceso verbal del CGP.

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Diferencia entre proceso declarativo y ejecutivo.

En el proceso declarativo se busca el reconocimiento de un derecho incierto; en el ejecutivo, el cumplimiento de un derecho que ya consta en un título ejecutivo, como un pagaré o una sentencia. En el primero el juez decide quién tiene la razón; en el segundo ordena pagar desde el inicio, con el mandamiento de pago, y el deudor solo puede defenderse mediante excepciones.

Las diferencias en la defensa, las medidas cautelares y los plazos se explican en el artículo sobre la diferencia entre proceso ordinario y proceso ejecutivo.

Clases de procesos declarativos en el CGP.

Los procesos declarativos están en la sección primera del libro tercero del CGP:

Proceso verbal.

El artículo 368 del CGP lo define como el trámite residual:

«Se sujetará al trámite establecido en este Capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial.»

Su trámite general es el siguiente: el demandado tiene veinte (20) días para contestar la demanda (artículo 369), puede proponer demanda de reconvención, y el proceso se desarrolla en dos audiencias: la audiencia inicial, en la que se intenta la conciliación, se interroga a las partes, se fija el litigio y se decretan las pruebas (artículo 372), y la audiencia de instrucción y juzgamiento, en la que se practican las pruebas, se oyen los alegatos y se dicta sentencia (artículo 373).

Además, el CGP fija disposiciones especiales para varios procesos verbales, entre ellos:

• Resolución de compraventa.
• Declaración de pertenencia.
• Servidumbres.
• Posesorios.
• Entrega de la cosa por el tradente al adquirente.
• Rendición provocada y espontánea de cuentas.
• Pago por consignación.
• Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios.
• Declaración de bienes vacantes o mostrencos.
• Restitución de inmueble arrendado y de otros bienes dados en tenencia.
• Investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad.
• Nulidad de matrimonio civil y divorcio.

Fuera de esos casos, cualquier otra pretensión, como la nulidad de un contrato, la responsabilidad civil o la simulación, se tramita por las reglas generales del verbal.

Proceso verbal sumario.

Según el artículo 390 del CGP, se tramitan por el proceso verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y, cualquiera que sea su cuantía, los siguientes:

• Controversias sobre propiedad horizontal de que tratan los artículos 18 y 58 de la Ley 675 de 2001.
• Fijación, aumento, disminución, exoneración y restitución de alimentos, cuando no hayan sido señalados judicialmente.
• Algunas controversias sobre la patria potestad, las diferencias entre cónyuges sobre la dirección del hogar, la salida de menores al exterior y el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.
• Algunos asuntos del Código de Comercio, como los de sus artículos 913, 914, 916, 918, 931, 940, 1231, 1469 y 2026.
• Controversias sobre derechos de autor previstas en el artículo 243 de la Ley 23 de 1982.
• Reposición, cancelación o reivindicación de títulos valores.
• Los asuntos en que la ley autorice al juez para decidir breve y sumariamente, a su prudente juicio o como árbitro.
• Lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales.
• Los que leyes especiales ordenen tramitar por este proceso.

El verbal sumario es de única instancia (parágrafo 1 del artículo 390). El demandado tiene diez (10) días para contestar, las excepciones previas se proponen mediante recurso de reposición contra el auto admisorio (artículo 391), y todo se resuelve en una audiencia única, con límites a las pruebas: máximo dos testigos por cada hecho (artículo 392). Su trámite se explica en el artículo sobre el proceso verbal sumario.

Procesos declarativos especiales.

Los procesos declarativos especiales tienen un trámite propio, a partir del artículo 399 del CGP:

1. Expropiación (artículo 399).
2. Deslinde y amojonamiento (artículo 400), para fijar los linderos entre predios.
3. Divisorio (artículo 406), para dividir o vender la cosa común.
4. Monitorio (artículo 419), para cobrar obligaciones en dinero de mínima cuantía que no constan en un título ejecutivo, como se explica en el artículo sobre el proceso monitorio.

Cada uno de estos procesos tiene reglas propias, que prevalecen sobre las del proceso verbal en lo que regulen de manera especial.

Conciliación previa en los procesos declarativos.

En los procesos declarativos civiles sobre asuntos conciliables, la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad: debe intentarse antes de demandar (artículo 68 de la Ley 2220 de 2022). No se exige en los procesos divisorios, de expropiación y monitorios, ni en los que requieren emplazar a personas indeterminadas; y en la restitución de inmueble arrendado y en la cancelación, reposición o reivindicación de títulos valores se puede demandar directamente.

Tampoco se exige cuando el demandante pide medidas cautelares (parágrafo 1 del artículo 590 del CGP), aunque la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la medida debe ser procedente: pedirla solo para saltarse la conciliación no basta.

Medidas cautelares en los procesos declarativos.

Se suele creer que en los procesos declarativos no hay medidas cautelares, pero el artículo 590 del CGP las autoriza desde la presentación de la demanda:

• Si la demanda versa sobre el dominio u otro derecho real principal: la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás. Si la sentencia de primera instancia es favorable, el secuestro de los bienes objeto del proceso.
• Si se reclaman perjuicios por responsabilidad civil: la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro del demandado. Si la sentencia de primera instancia es favorable, el embargo y secuestro de esos bienes y de los demás que se denuncien como suyos. El demandado puede evitarlas o levantarlas con caución por el valor de las pretensiones.
• Medidas innominadas: cualquier otra que el juez encuentre razonable para proteger el derecho en litigio, valorando la apariencia de buen derecho, la necesidad, la efectividad y la proporcionalidad.

Para que se decreten, el demandante debe prestar caución equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor de las pretensiones, salvo para los embargos y secuestros posteriores a la sentencia favorable de primera instancia.

Por eso, el embargo sí es posible en los procesos declarativos, aunque solo después de la sentencia favorable de primera instancia y en los procesos de responsabilidad civil, además de los casos especiales de los procesos de familia. Los efectos de la inscripción de la demanda se explican en el artículo sobre la inscripción de la demanda, y las reglas comunes de todas las medidas, en el artículo sobre las medidas cautelares del CGP.

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