¿Qué pasa con una demanda cuando muere el demandante o el demandado?

El proceso no termina con la muerte de una de las partes: continúa con su cónyuge o compañero permanente, sus herederos, el albacea con tenencia de bienes o el curador, por la figura de la sucesión procesal que regula el artículo 68 del Código General del Proceso. Lo que cambia de un caso a otro es si el proceso sigue de inmediato o se detiene, y eso depende de un solo dato: si el fallecido venía actuando con abogado. ¿Qué hacer en cada escenario, y qué pasa cuando la persona ya estaba muerta al presentarse la demanda?

El proceso continúa con los sucesores.

Conviene empezar por lo que no cambia. Según el artículo 68 del Código General del Proceso, fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continúa con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.

La regla se aplica a cualquiera de las partes, porque «litigante» es tanto el demandante como el demandado. Si muere el demandante, sus herederos pueden seguir reclamando lo que él pedía; si muere el demandado, el proceso sigue contra ellos, que lo suceden en sus derechos y obligaciones.

El concepto, los demás supuestos del artículo 68 —extinción de personas jurídicas, cesión del derecho litigioso— y los procesos en que la muerte sí pone fin al litigio los desarrollamos en el artículo sobre qué es la sucesión procesal. Aquí nos ocupamos de los escenarios prácticos.

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El sucesor debe acreditar su calidad.

El juez no reconoce de oficio a los sucesores. Quien pretenda continuar el proceso debe acreditar dos cosas: el fallecimiento, con el registro civil de defunción, y la calidad en que comparece, con el registro de matrimonio o la prueba de la unión marital si es cónyuge o compañero, el registro de nacimiento si es hijo, o la providencia que lo reconoce como heredero.

Supongamos que fallece el demandante. Su cónyuge aporta el registro de defunción y el de matrimonio, y pide que se le reconozca como sucesor procesal. Desde entonces actúa en el lugar del fallecido, con sus mismos derechos, cargas y obligaciones procesales.

Si la parte fallecida tenía abogado, el proceso no se interrumpe.

Esta es la regla que más sorprende, y la que resuelve la mayoría de los casos. La muerte de la parte no termina el poder que había otorgado a su abogado: conforme al artículo 76 del Código General del Proceso, la muerte del mandante no pone fin al mandato judicial si ya se presentó la demanda, aunque los herederos pueden revocarlo.

Por eso el proceso continúa sin interrupción. El apoderado sigue actuando, y los sucesores pueden apersonarse en cualquier momento, ratificarlo o revocarle el poder. Si no hacen ninguna de las dos cosas, quedan vinculados por lo que el abogado haga, incluida la sentencia.

Que el poder sobreviva no autoriza el silencio. Lo prudente es que el abogado informe el fallecimiento al juzgado tan pronto lo conozca, aporte el registro civil de defunción y pida el reconocimiento de los sucesores, o advierta que aún no se conocen.

Por qué el poder judicial sobrevive a la muerte, desde cuándo, qué pasa con el poder notarial —que sí termina— y qué validez tiene lo que el apoderado alcanzó a hacer, lo tratamos en el artículo sobre si el poder termina con la muerte del poderdante.

Si actuaba sin abogado, el proceso se interrumpe.

Cuando no hay apoderado que defienda a la parte, el proceso sí se detiene, porque de lo contrario quedaría en indefensión. Señala el artículo 159 del Código General del Proceso que el proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpe:

«1. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad lítem. 2. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso, la interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos. 3. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o curador ad lítem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial.»

La lectura conjunta del numeral 1 con el artículo 76 deja el panorama completo: la muerte de la parte interrumpe el proceso únicamente cuando actuaba sin abogado, porque solo entonces hay alguien que proteger.

La interrupción opera desde el hecho que la origina, y si este ocurre cuando el expediente está al despacho, sus efectos empiezan con la notificación de la providencia que se dicte enseguida. Durante la interrupción no corren los términos ni puede realizarse ningún acto procesal, salvo las medidas urgentes y de aseguramiento.

Cómo se reanuda el proceso.

Reanudar el proceso no es automático: exige citar a quienes deben ocupar el lugar del fallecido. Dispone el artículo 160 del Código General del Proceso:

«El juez, inmediatamente tenga conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará notificar por aviso al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, privado de la libertad o inhabilitado, según fuere el caso. Los citados deberán comparecer al proceso dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Vencido este término, o antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, se reanudará el proceso. Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán presentar las pruebas que demuestren el derecho que les asista.»

El plazo de cinco días corre desde la notificación del aviso, no desde la muerte, y vencido ese término el proceso se reanuda con o sin los citados. Quien quiera intervenir debe llegar con las pruebas de su derecho, porque el juez no las presume.

La diferencia entre interrupción y suspensión, y sus efectos sobre los términos, la explicamos en el artículo sobre la suspensión del proceso.

Qué pasa con lo actuado durante la interrupción.

Lo que el juzgado adelante entre la causal y la reanudación está viciado. El numeral 3 del artículo 133 del Código General del Proceso consagra como causal de nulidad que el proceso se adelante «después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión», o que se reanude antes de la oportunidad debida.

Ahora bien, esa nulidad es saneable y el plazo es corto. Según el numeral 3 del artículo 136 del mismo código, la nulidad originada en la interrupción o la suspensión queda saneada si no se alega dentro de los cinco días siguientes a la cesación de la causa. Quien se entere tarde puede quedarse sin remedio.

Si quien muere es el abogado.

El supuesto se olvida, pero está expresamente previsto. La muerte del apoderado interrumpe el proceso para la parte que representaba, conforme al numeral 2 del artículo 159, salvo que esa parte tenga otros apoderados constituidos en el mismo proceso.

El juez ordena notificar por aviso a la parte, que tiene cinco días para designar nuevo abogado o comparecer, y vencido ese plazo el proceso se reanuda. La misma regla cubre la inhabilidad, la exclusión y la suspensión del abogado en el ejercicio de la profesión, de modo que no se trata solo de la muerte.

Si el demandado ya había muerto cuando se presentó la demanda.

Es un caso distinto de todos los anteriores y más frecuente de lo que parece: el acreedor demanda a una persona que ya falleció, sin saberlo. Aquí no hay sucesión procesal que opere, porque nunca hubo parte a quien suceder.

La razón es que las personas fallecidas no tienen capacidad para ser parte. El artículo 53 del Código General del Proceso se la reconoce a las personas naturales y jurídicas, los patrimonios autónomos, el concebido y los demás que determine la ley, y quien murió dejó de ser persona natural.

La Sala Civil de la Corte Suprema, en decisiones dictadas bajo el anterior Código de Procedimiento Civil, sostuvo que si se inicia un proceso contra una persona muerta la sanción es la nulidad de lo actuado, que contagia toda la actuación aunque se haya designado curador ad lítem, porque los muertos no pueden ser emplazados.

Advertido el vicio, la demanda debe dirigirse contra los herederos, y el artículo 87 del Código General del Proceso indica cómo: si no se ha iniciado la sucesión y se ignoran los nombres, contra los herederos determinados que se conozcan y contra los indeterminados, que se emplazan; si ya hay sucesión, contra los reconocidos en ella, los demás conocidos y los indeterminados.

El mismo problema por el lado del demandante.

La hipótesis inversa se pasa por alto y produce el mismo resultado: el abogado que presenta la demanda a nombre de un cliente que ya había muerto.

El artículo 76 salva el poder solo cuando la muerte ocurre después de presentada la demanda. Si el poderdante había muerto antes, no hay poder que sobreviva, porque el apoderamiento judicial nunca llegó a desplegarse, y la demanda queda presentada a nombre de quien no podía ser parte.

Lo que procede entonces no es corregir el poder sino rehacer la demanda a nombre de los sucesores, que deberán otorgar el suyo.

Si la muerte ocurre entre la presentación y la notificación.

Entre el escrito radicado y la notificación suelen pasar meses, y en ese lapso la parte puede fallecer. La situación es intermedia y conviene no tratarla como si fuera una demanda contra un muerto.

Si se trata del demandante, el poder ya estaba a salvo, porque la demanda se había presentado. Si se trata del demandado, hubo capacidad para ser parte al momento de presentarse la demanda, de modo que lo razonable es vincular a los herederos y continuar, antes que anularlo todo.

Qué puede hacer el heredero que se entera.

De acuerdo con nuestro criterio, quien advierte que se admitió una demanda o se libró mandamiento de pago contra una persona fallecida antes de demandar puede pedir al juez el control de legalidad de lo actuado y la declaración de nulidad, aportando el registro civil de defunción.

No necesita esperar a ser notificado ni haberse hecho parte: basta acreditar su interés como heredero y el hecho de la muerte. Cuanto antes lo haga, menos actuación habrá que rehacer.

La muerte del deudor en el proceso ejecutivo.

Las deudas no se extinguen con la muerte del deudor. Si muere durante el proceso ejecutivo, este sigue contra sus herederos, con o sin interrupción según tuviera o no abogado, y los bienes que ya estaban embargados siguen embargados.

Los herederos responden por las deudas del causante a prorrata de sus cuotas, y solo hasta el valor de lo que recibieron si aceptaron con beneficio de inventario.

El ejecutivo tiene además consecuencias propias que no se presentan en los demás procesos: qué pasa con las medidas cautelares cuando se anula lo actuado, por qué la prescripción puede quedar sin interrumpir y por qué ya no existe la carga de los ocho días que traía el derogado artículo 1434 del Código Civil. Todo eso lo tratamos en el artículo sobre la muerte del deudor en el proceso ejecutivo.

Resumen de los escenarios.

Para cerrar, conviene tener el cuadro completo a la vista, porque la respuesta correcta depende por entero de cuál de estas cinco situaciones se presente.

A continuación damos respuesta a las preguntas frecuentes realizadas por nuestros lectores.

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