Principios de los títulos valores: literalidad, autonomía y legitimación

El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, y en esa sola frase están los cuatro principios que los gobiernan: incorporación, literalidad, autonomía y legitimación. No son teoría: de ellos depende que el deudor no pueda alegar lo que no está escrito, que el tenedor cobre aunque el negocio original haya fallado y que solo cobre quien tiene el título en debida forma. ¿Qué significa cada principio y qué consecuencias prácticas tiene?

Qué son los principios de los títulos valores.

Son las reglas que explican por qué un título valor se cobra con más facilidad y más seguridad que cualquier otro documento. La doctrina los llama también principios del derecho cartular, porque «carta» es el papel en que consta el derecho.

A ellos se suma, como veremos, la independencia del título frente al negocio que le dio origen. Todos operan sobre los títulos valores en general, sea una letra, un pagaré, un cheque o una factura.

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Principio de incorporación.

Incorporar es meter dentro. El derecho de crédito queda «metido» en el papel, de modo que el documento no es una simple prueba de la deuda, sino la deuda misma. Por eso el artículo 624 del Código de Comercio exige exhibir el título para ejercer el derecho, y ordena entregarlo a quien lo paga.

La consecuencia inversa también existe: el artículo 629 dispone que la reivindicación, el secuestro o cualquier gravamen sobre el derecho no surten efecto si no comprenden el título mismo materialmente. Embargar el crédito de una letra exige aprehender la letra.

Y si el papel se pierde, el derecho no se pierde con él, pero hay que reconstruirlo mediante el trámite de cancelación y reposición, precisamente porque sin el documento no se puede cobrar.

Principio de literalidad.

El derecho literal es el que está escrito, con letras y números, en el documento. Tratándose de un título valor, vale única y exclusivamente lo que consta en él, y no es de recibo exigir un derecho verbal que las partes supuestamente quisieron incorporar.

Así lo dispone el artículo 626 del Código de Comercio:

«El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia.»

La regla protege a las dos partes. El deudor no puede ser obligado a más de lo escrito; el acreedor no puede exigir intereses, plazos o garantías que no figuren en el título.

La Superintendencia Financiera lo explicó en el concepto 2002026679-1 del 17 de junio de 2002:

«De otra parte, el mismo artículo 619 consagra otra característica de los títulos valores: la literalidad, que hace referencia al derecho escrito, el contenido impreso en el documento, lo que implica seguridad o certeza en materia de estos instrumentos. De manera que la literalidad es la mayor expresión del límite de un derecho, puesto que únicamente se tienen en tratándose de títulos valores los derechos que en los mismos se señalan.»

Como se puede observar, la literalidad es al mismo tiempo la medida del derecho y su límite: todo lo que está en el título obliga, y nada de lo que no está puede exigirse.

Consecuencias prácticas de la literalidad.

• Si la letra no menciona intereses de plazo, no se pueden cobrar; solo los de mora desde el vencimiento, por disposición legal.
• Si el valor en cifras y en letras difiere, vale el escrito en letras, según el artículo 623.
• Las instrucciones para llenar un título en blanco deben quedar por escrito, porque son ellas las que le dan la literalidad de la que el título en blanco carece, tema que tratamos en el artículo sobre los títulos valores en blanco.
• Cualquier alteración del texto cambia el derecho, y por eso la ley regula quién responde por el texto original y quién por el alterado, como explicamos en el artículo sobre la alteración de los títulos valores.

Literalidad del título valor y principio de literalidad en la interpretación de la ley.

Conviene no confundir dos usos de la misma palabra. En la interpretación de las leyes y de los contratos, el principio de literalidad ordena atenerse al sentido gramatical de las palabras antes que a interpretaciones subjetivas, aunque los jueces pueden apartarse de él cuando el texto es ambiguo o conduce al absurdo.

En los títulos valores la literalidad es más estricta: no es un criterio de interpretación sino una característica del derecho mismo. No se trata de leer bien el título, sino de que el derecho es exactamente el que el título dice.

Principio de autonomía.

La autonomía tiene dos caras: la de las obligaciones y la de los derechos. La primera está en el artículo 627 del Código de Comercio:

«Todo suscriptor de un título-valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios, no afectarán las obligaciones de los demás.»

Significa que cada persona que firma el título se obliga por su cuenta. Si la firma del aceptante resulta falsa, o si el aceptante era incapaz, los endosantes y avalistas siguen obligados, porque su obligación no depende de la de él.

La segunda cara es la de los derechos: cada tenedor adquiere un derecho propio, no derivado del anterior, de manera que al último tenedor de buena fe no se le pueden oponer las excepciones personales que el deudor tenía contra los tenedores anteriores. Así lo confirma el numeral 12 del artículo 784, que limita las excepciones derivadas del negocio original al demandante que fue parte en ese negocio o que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa.

Supongamos que Juan le firma una letra a Pedro por una mercancía que Pedro nunca entregó. Si Pedro demanda, Juan puede alegar el incumplimiento. Pero si Pedro endosó la letra a Carlos, que la recibió de buena fe, Juan tendrá que pagarle a Carlos y luego reclamarle a Pedro, porque el derecho de Carlos es autónomo.

Transferencia de los derechos accesorios.

La autonomía no fracciona el título. El artículo 628 del Código de Comercio dispone que la transferencia de un título implica no solo la del derecho principal incorporado, sino también la de los derechos accesorios, de modo que quien recibe una letra con cláusula de intereses recibe también el derecho a cobrarlos.

Autonomía y ley de circulación.

El creador del título decide cómo circula, y el tenedor no puede cambiar esa forma de circulación sin su consentimiento, según el artículo 630. La Corte Constitucional, en la sentencia C-041 de 2000, precisó que esa facultad no es absoluta cuando se trata de proteger al propio beneficiario:

«No puede el girador abusar de las posibilidades que la ley de circulación del título le ofrece, y por tanto, si bien está llamado a decidir en principio si cruza o no el cheque que expide, o si exige o no su abono en cuenta, debe retirar tales restricciones si así lo solicita la persona a cuyo favor se expide el cheque.»

La razón es que las restricciones a la circulación existen para proteger al beneficiario, no para perjudicarlo, y por eso no pueden mantenerse contra su voluntad.

Autonomía e independencia del negocio causal.

Se suele hablar de autonomía para referirse también a otra cosa: la independencia del título frente al negocio que lo originó. El artículo 643 señala que la emisión o transferencia de un título de contenido crediticio no extingue la relación que le dio lugar, y a la inversa, el título sigue siendo válido aunque el negocio se cumpla, se resuelva o se discuta.

Esa independencia tiene un límite: entre las partes del negocio original, el deudor sí puede oponer las excepciones derivadas de ese negocio, conforme al numeral 12 del artículo 784 ya citado. Lo que no puede hacer es oponerlas a un tercero de buena fe. De ahí el riesgo que explicamos en el artículo sobre respaldar contratos con letras de cambio o pagarés.

Principio de legitimación.

Legitimación es la aptitud para ejercer el derecho incorporado en el título, es decir, para presentarlo a la aceptación, cobrarlo judicial o extrajudicialmente, protestarlo o endosarlo. La regla general está en el artículo 647 del Código de Comercio:

«Se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a su ley de circulación.»

Quién es tenedor legítimo depende, entonces, de la clase de título.

La ley facilita la legitimación con dos presunciones. Según el inciso segundo del artículo 625, cuando el título está en poder de persona distinta del suscriptor se presume que fue entregado; y según el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe, aun la exenta de culpa, de modo que quien alegue la mala fe debe probarla.

El deudor, por su parte, tiene una verificación limitada: conforme al artículo 662, no puede exigir que se le compruebe la autenticidad de los endosos, pero debe identificar al último tenedor y verificar la continuidad de la cadena. Cómo se construye esa cadena lo explicamos en el artículo sobre el endoso.

Tenedor de buena fe y tenedor de buena fe exenta de culpa.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha distinguido dos grados. Tenedor de buena fe es quien adquiere el título con la conciencia de hacerlo por medios legítimos, exentos de fraude o de cualquier otro vicio. Tenedor de buena fe exenta de culpa es el que, además, actuó con la diligencia y el cuidado que una persona prudente emplea en sus propios negocios.

La distinción importa porque varias normas, como el numeral 12 del artículo 784 y el inciso tercero del artículo 622, protegen únicamente al tenedor de buena fe exenta de culpa, es decir, al que no tenía cómo saber que algo andaba mal.

Sobre el conjunto de estos principios, la misma Corte, en sentencia del 19 de abril de 1993 con ponencia del magistrado Eduardo García Sarmiento, explicó:

«Como bien se sabe, los principios rectores de la literalidad, incorporación, autonomía y legitimación que conforman el derecho cartular, confieren al tenedor de un título valor garantías indispensables en orden al afianzamiento de su circulación, reclamada por la expansión del comercio y al propio tiempo por la seguridad que debe gobernar la actividad cambiaria.»

En resumen, los principios no son un adorno académico: son la razón por la que alguien acepta recibir un título valor en lugar de exigir el pago en efectivo.

Cómo se relacionan los principios entre sí.

Los cuatro principios operan juntos y se explican unos a otros.

• La incorporación hace que el derecho esté en el papel; la literalidad dice cuál es ese derecho.
• La autonomía hace que cada tenedor adquiera ese derecho limpio; la legitimación dice quién puede ejercerlo.

Por eso, cuando un deudor quiere defenderse, sus excepciones se reducen a las que enumera el artículo 784 del Código de Comercio: las demás chocan con alguno de estos principios.

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