Aportes a pensión luego de reclamar indemnización sustitutiva o devolución de saldos

Cuando un trabajador llega a la edad de pensión sin alcanzar las semanas o el capital que exige la ley, puede retirar su ahorro pensional: en Colpensiones mediante la indemnización sustitutiva y en los fondos privados mediante la devolución de saldos; y ahí aparece la pregunta que angustia a empresas y trabajadores, porque el artículo 17 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la ley 797 de 2003, dice que la obligación de cotizar solo cesa en tres casos puntuales y retirar los aportes no es ninguno de ellos. ¿Debe entonces el empleador seguir cotizando a pensión por un trabajador que ya retiró sus aportes?

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Qué son la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos.

Las dos figuras cumplen la misma función: le devuelven al afiliado el dinero de sus aportes cuando no alcanzó a consolidar la pensión. Son prestaciones sustitutas de la pensión, no pensiones.

La diferencia está en el régimen. En el régimen de prima media, que administra Colpensiones, la figura se llama indemnización sustitutiva; en el régimen de ahorro individual, que administran los fondos privados, se llama devolución de saldos.

La indemnización sustitutiva en el régimen de prima media.

Está en el artículo 37 de la ley 100 de 1993 y procede cuando el afiliado cumple la edad, no reúne las semanas mínimas y declara que no puede seguir cotizando. Su reglamentación general está en el decreto 1730 de 2001, hoy compilado en el decreto 1833 de 2016.

En este artículo no entramos en el detalle de su liquidación ni de los documentos que exige Colpensiones; eso lo tratamos en el artículo sobre la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

La devolución de saldos en los fondos privados.

En el régimen de ahorro individual la norma aplicable es el artículo 66 de la ley 100 de 1993, que le da al afiliado dos caminos y no uno solo:

«Devolución de saldos. Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.»

Nótese la parte final: la ley contempla expresamente seguir cotizando como alternativa. La devolución de saldos no cierra la puerta del sistema, solo entrega el ahorro acumulado hasta ese momento. El detalle de esta figura lo desarrollamos en devolución de saldos en los fondos privados de pensiones.

Existe también la devolución de saldos por invalidez del artículo 72 de la ley 100, que opera cuando el afiliado se invalida sin reunir las semanas para la pensión de invalidez, y que igualmente permite mantener un saldo en la cuenta y seguir cotizando para la vejez.

Retirar los aportes no libera al empleador de cotizar.

Esta es la regla central del artículo y conviene fijarla desde ya: mientras exista relación laboral vigente, hay que cotizar a pensión, salvo en los tres casos que la ley enumera.

Así lo dice el inciso segundo del artículo 17 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la ley 797 de 2003:

«Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. // La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.»

La norma es taxativa. La obligación de cotizar solo cesa en estos tres eventos:

• Que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez.
• Que el afiliado se pensione por invalidez.
• Que el afiliado se pensione anticipadamente.

Quien reclamó la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos no está en ninguno de los tres. Precisamente pidió esa prestación porque no reunía los requisitos de la pensión, y una indemnización sustitutiva no es una pensión: es un pago único que sustituye la que no se pudo obtener.

De acuerdo con nuestro criterio, entonces, si el trabajador cumplió la edad pero no los demás requisitos y optó por retirar sus aportes, la obligación del empleador de seguir cotizando a pensión permanece intacta mientras esté vigente el contrato de trabajo. Interpretar lo contrario sería agregarle a la ley una cuarta causal de cesación que el legislador no escribió.

Lo que decidió la Corte Constitucional en la sentencia T-307 de 2021.

El caso es ilustrativo. Un afiliado de 35 años fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 52.45%, el fondo privado le negó la pensión de invalidez por no acreditar las 50 semanas exigidas y, en su lugar, le entregó la devolución de saldos.

Años después consiguió trabajo, pero el fondo lo tenía bloqueado en el sistema como si estuviera pensionado y no le recibía aportes, de modo que ninguna empresa quería contratarlo. La Corte, en la sentencia T-307 de 2021, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, reiteró la regla de fondo:

«Esta Corporación ha entendido que cuando el afiliado solicita la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, en forma voluntaria al fondo de pensiones, remplaza con ello la prestación que pretende obtener, ya sea por vejez o invalidez, lo cual no le impide continuar cotizando al Sistema para efectos de cubrir aquella contingencia que pueda sobrevenir en el desarrollo de una relación laboral o mediante contrato por prestación de servicios, toda vez que no son incompatibles.»

Y remató la Sala señalando que quien obtiene la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva «podrá seguir cotizando en forma obligatoria, cubriendo las demás contingencias, esto es, la invalidez de origen común y la muerte».

La consecuencia práctica fue una orden concreta: el fondo de pensiones debía desbloquear al afiliado en 48 horas para que pudiera seguir cotizando. En otras palabras, la administradora no puede negarse a recibir los aportes de quien retiró su ahorro pensional.

La sentencia también recordó que el empleador y la administradora son los llamados a garantizar la seguridad social del trabajador, y que sus incumplimientos no le son oponibles a este.

Los aportes cubren tres riesgos y solo se retiró uno.

Aquí está la razón de fondo de todo lo anterior, y conviene explicarla en palabras sencillas. La cotización a pensión no compra una sola cosa: asegura tres contingencias distintas.

Cuando el trabajador retira sus aportes está renunciando al ahorro que servía para la vejez, pero los riesgos de invalidez y de muerte siguen existiendo, siguen siendo asegurables y, sobre todo, siguen exigiendo cotizaciones recientes para estar cubiertos.

Obsérvese el detalle decisivo: la invalidez y la muerte se cubren con las cotizaciones de los últimos tres años. Un trabajador al que se le dejó de cotizar durante ese periodo queda sin cobertura, aunque haya cotizado mil semanas en su vida.

Por eso el sistema no expulsa al afiliado que retiró su ahorro. Lo que hizo fue liquidar anticipadamente un riesgo; los otros dos siguen abiertos y alguien tiene que asegurarlos.

Qué debe hacer el empleador en la práctica.

Teniendo claro lo anterior, veamos qué le corresponde hacer a la empresa cuando descubre que su trabajador retiró los aportes a pensión.

Mantener o reactivar la afiliación.

La afiliación no es una gestión del trabajador sino una obligación del empleador, según el artículo 15 y el artículo 22 de la ley 100 de 1993. Si el fondo bloqueó al afiliado, la empresa debe pedir por escrito la reactivación y, si se la niegan, la vía es el derecho de petición y luego la tutela, como ocurrió en el caso resuelto por la Corte.

Seguir pagando el 12% y descontando el 4%.

La cotización a pensión no cambia por el hecho del retiro. Sigue siendo del 16% del ingreso base de cotización, distribuido como lo ordena el artículo 20 de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003:

Siendo así, el empleador debe continuar descontando de la nómina el 4% que le corresponde al trabajador y pagando el 12% a su cargo. No hay norma que autorice a suspender el descuento ni a trasladarle al trabajador la totalidad del aporte.

Recordemos, además, que el artículo 22 de la ley 100 es enfático en que «el empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador», de manera que olvidar el descuento no traslada el problema al trabajador: se lo deja al empleador.

Dejar constancia escrita frente al trabajador.

Cuando el trabajador manifiesta que no quiere que le sigan cotizando —lo que ocurre con frecuencia porque cree que ya no le sirve de nada—, conviene dejar por escrito el motivo por el cual la empresa continúa afiliándolo. Este es un modelo sencillo:

Este documento no es un requisito legal, pero evita discusiones posteriores y deja constancia de que el trabajador fue informado.

El riesgo económico de dejar de cotizar.

Esta es la parte que más le interesa al empresario, y hay que decirla sin rodeos: dejar de cotizar por un trabajador vinculado es apostar el patrimonio de la empresa.

Si el trabajador no está cubierto y sobreviene la invalidez o la muerte, quien responde por la prestación es el empleador que omitió afiliarlo o cotizar por él. Así lo ha reiterado la jurisprudencia; en la propia sentencia T-307 de 2021 la Corte recordó:

«El incumplimiento de las obligaciones del empleador o de las entidades administradoras en materia de pensiones no es imputable ni oponible al trabajador, por lo cual las consecuencias negativas de estas omisiones no podrán serle adversas y nunca serán razón suficiente para enervar el acceso a una prestación pensional.»

Traducido: el trabajador o su familia reclaman la pensión, y si el sistema no la reconoce porque faltaron cotizaciones, el juez laboral se la traslada a la empresa, sea mediante el pago directo de la mesada o mediante el cálculo actuarial que debe entregarse al fondo.

Comparemos los dos costos.

Supongamos un trabajador que devenga un salario mínimo. Para no desactualizar el ejemplo, trabajemos en número de salarios mínimos y no en pesos, porque el salario mínimo cambia cada año.

La cuenta es elemental. Lo que la empresa se ahorra en un año de cotización no llega a dos salarios mínimos, y lo que puede terminar pagando por una pensión de sobrevivientes o de invalidez se cuenta en centenares de salarios mínimos, sin contar intereses, indexación y costas del proceso.

Por eso, aun cuando existiera alguna duda interpretativa, la decisión prudente para el empleador siempre es seguir cotizando.

La renuncia del trabajador a cotizar no produce ningún efecto.

Es común que el trabajador ofrezca firmar un documento en el que renuncia a que le sigan cotizando, para recibir en efectivo el 4% que se le descuenta. Ese documento no sirve.

El artículo 48 de la Constitución Política declara la seguridad social como un derecho irrenunciable, y el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo lo reafirma en el plano laboral:

«Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.»

En consecuencia, el trabajador puede firmar, jurar y autenticar lo que quiera: si mañana se invalida, podrá reclamar la pensión de invalidez y el documento no protegerá a la empresa. La renuncia a un derecho irrenunciable es ineficaz y el juez laboral simplemente la desconoce.

¿Puede la empresa terminar el contrato si el trabajador se niega?

Primero, una precisión importante: el trabajador en realidad no tiene cómo negarse. La afiliación y el pago de aportes son obligaciones del empleador, no acuerdos entre las partes, de modo que la empresa afilia, descuenta y paga aunque el trabajador proteste.

Ahora bien, si la relación se vuelve insostenible, hay que saber cuál es la vía correcta.

Retirar los aportes no es justa causa de despido.

El numeral 14 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo permite terminar el contrato por «el reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa», y el parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 100 de 1993 exige que el trabajador cumpla los requisitos de la pensión.

Ninguna de las dos causales encaja aquí, porque el trabajador que retiró sus aportes precisamente no tiene pensión reconocida ni cumple los requisitos. La Corte Constitucional, en la sentencia C-1037 de 2003, añadió que para usar esa causal se requiere además la notificación de la inclusión en nómina de pensionados.

Si se despide, el despido es injusto.

De modo que, si la empresa decide terminar el contrato por esta situación, estará despidiendo sin justa causa y deberá pagar la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

De acuerdo con nuestro criterio, esa es una salida legítima y, en escenarios extremos, económicamente razonable: la indemnización por despido injusto de un trabajador con pocos años de servicio es una cifra conocida y acotada, mientras que una pensión de invalidez o de sobrevivientes a cargo de la empresa es una carga vitalicia. Lo que no puede hacer la empresa es sostener el contrato dejando el riesgo sin asegurar.

Insistimos, en todo caso, en que ese escenario rara vez es necesario, porque el empleador puede afiliar y cotizar sin el consentimiento del trabajador.

Qué pasa con las semanas cotizadas después del retiro.

Esta es la duda que más consultan nuestros lectores, y hay que responderla con cuidado porque tiene dos partes: las semanas viejas y las nuevas.

Sobre las semanas que ya se usaron para liquidar la prestación, el artículo 6 del decreto 1730 de 2001, compilado en el artículo 2.2.4.5.6 del decreto 1833 de 2016, es claro:

«Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez. Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto.»

Es decir, las semanas que se pagaron en la indemnización quedan consumidas. Pero las semanas nuevas, las que se coticen después del retiro, son semanas plenamente válidas y sirven para causar la pensión de invalidez o la de sobrevivientes.

Frente a la pensión de vejez, la jurisprudencia ha alegado la incompatibilidad. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han entendido que la prohibición del artículo 6 impide que los mismos aportes financien dos prestaciones al tiempo, es decir, una misma cotización no puede dar lugar al reconocimiento de dos derechos.

El caso de los independientes y contratistas.

La regla no es exclusiva de los trabajadores dependientes. El artículo 17 de la ley 100, en la redacción que le dio la ley 797 de 2003, extendió la obligación de cotizar al contrato de prestación de servicios.

Por eso el contratista que retiró sus aportes debe seguir cotizando a pensión sobre el 40% del valor mensualizado de su contrato, y el contratante está obligado a verificar y, en los casos que la ley señala, a retener y girar esos aportes.

La lógica es la misma: mientras haya ingreso y actividad, hay riesgos de invalidez y muerte que asegurar.

Qué pasa con la reforma pensional.

Muchos lectores preguntan si la reforma pensional cambió estas reglas, y a la fecha de esta publicación la respuesta es que no.

La ley 2381 de 2024 tenía prevista su entrada en vigencia el 1 de julio de 2025, pero la Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025, suspendió esa entrada en vigencia por un vicio de trámite y devolvió la ley a la Cámara de Representantes, salvo lo relativo al parágrafo transitorio del artículo 12 y al artículo 76, sobre la oportunidad de traslado.

Mientras la Sala Plena no decida de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, el sistema pensional se sigue rigiendo por la ley 100 de 1993, y por lo tanto todo lo dicho en este artículo continúa vigente.

La propia ley 2381 conserva la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos remitiendo a los artículos 37 y 66 de la ley 100, de modo que, aun cuando llegue a entrar en vigencia, la discusión de fondo sobre la continuidad de los aportes no cambiaría en lo esencial. Conviene, en todo caso, revisar el estado del trámite antes de tomar decisiones.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.