Contrato de adhesión

El contrato de adhesión es aquel cuyas cláusulas redacta una sola de las partes, de modo que la otra no puede negociarlas y solo puede aceptarlas o rechazarlas en bloque. Es el contrato que firmamos con el banco, con la empresa de servicios públicos, con la aseguradora y con el operador de telefonía, y precisamente porque no hay negociación, la ley 1480 de 2011 le impone requisitos especiales y declara ineficaces determinadas cláusulas. ¿Qué se puede hacer cuando una de esas cláusulas resulta abusiva?

Qué es un contrato de adhesión.

El artículo 5 de la ley 1480 de 2011, que contiene el estatuto del consumidor, lo define así:

«Aquel en el que las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que el consumidor no puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas.»

La definición legal está pensada para las relaciones de consumo, pero la figura es más amplia: hay contratos de adhesión entre empresas y también entre particulares, siempre que una parte imponga el clausulado y la otra solo pueda adherirse.

Lo que no cambia en ningún caso es la asimetría. En el contrato de libre discusión las partes negocian y el resultado refleja el equilibrio de fuerzas; en el de adhesión el contenido lo fija una sola parte y la otra apenas decide si entra o no.

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Por qué existen y por qué la ley los vigila.

Los contratos de adhesión no son ilegales ni reprochables en sí mismos. Son una necesidad del comercio masivo: ninguna empresa de servicios públicos podría negociar cláusula por cláusula con cada uno de sus millones de usuarios.

El problema no es la ausencia de negociación sino lo que esa ausencia permite. Quien redacta puede inclinar el contrato a su favor, y la otra parte lo firma sin haberlo leído o sin entenderlo, porque no tiene alternativa real.

Por eso la ley interviene en dos frentes: exige que el clausulado sea comprensible y esté disponible antes de firmar, y priva de efectos a las cláusulas que producen un desequilibrio injustificado.

De acuerdo con nuestro criterio, conviene matizar una idea que circula con frecuencia: que la parte que redacta opera siempre en régimen de monopolio. No siempre es así. Hay mercados con varios competidores en los que todos usan contratos de adhesión semejantes, y la ausencia de negociación subsiste aunque haya con quién comparar.

Características del contrato de adhesión.

• El clausulado lo redacta una sola parte, con anterioridad y de manera uniforme para todos los contratantes.
• La otra parte no puede modificarlo: solo puede aceptarlo o rechazarlo íntegramente.
• Suele celebrarse de forma masiva y repetida, con condiciones generales predispuestas.
• El adherente no participa en la formación del contenido, aunque sí en la formación del consentimiento.
• Está sujeto a un régimen especial de interpretación y de control de cláusulas abusivas.

Cómo se interpreta un contrato de adhesión.

La regla es que la duda se resuelve contra quien redactó. Está en el segundo inciso del artículo 1624 del Código Civil, que dispone que las cláusulas ambiguas extendidas o dictadas por una de las partes se interpretan contra ella, cuando la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha precisado además desde qué perspectiva debe leerse el clausulado, en sentencia SC665 del 7 de marzo de 2019:

«Como los contratos de adhesión presuponen un alto grado de confianza del adherente en la estipulación que se le ofrece, la cual ha de estar precedida por el cabal cumplimiento de los deberes de corrección, lealtad y, especialmente, de claridad que pesan sobre el proponente, es atinado colegir que el alcance que corresponde a las cláusulas predispuestas es el que de manera razonada le hubiere atribuido el adherente promedio.»

Es decir, la cláusula no se interpreta como la entendería un abogado que la redactó, sino como la entendería una persona honesta y razonable que la lee por primera vez. Y esa es una herramienta de enorme valor para el adherente, porque traslada al predisponente el costo de haber redactado de forma oscura.

Requisitos que debe cumplir.

El artículo 37 de la ley 1480 de 2011 exige que en los contratos de adhesión con consumidores se cumplan estas condiciones.

1. Haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales, y utilizar el idioma castellano.
2. Que las condiciones generales sean concretas, claras y completas.
3. Que en los contratos escritos los caracteres sean legibles a simple vista y no se incluyan espacios en blanco.
4. Que en los contratos de seguro el asegurador entregue anticipadamente el clausulado al tomador, explicándole la cobertura, las exclusiones y las garantías.

La consecuencia del incumplimiento es contundente: la condición o cláusula que no cumpla estos requisitos es ineficaz y se tiene por no escrita, sin que ello afecte la validez del resto del contrato.

El cuarto requisito merece subrayarse porque es el más incumplido en la práctica: la entrega anticipada del clausulado en los seguros, con explicación de exclusiones, es una obligación legal y no una cortesía comercial.

Las cláusulas ineficaces de pleno derecho.

El artículo 43 de la ley 1480 de 2011 enumera las cláusulas que son ineficaces de pleno derecho en los contratos de adhesión con consumidores. Son las que:

• Limitan la responsabilidad del productor o proveedor respecto de las obligaciones que por ley le corresponden.
• Implican renuncia de los derechos que la ley reconoce al consumidor.
• Invierten la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.
• Trasladan al consumidor o a un tercero ajeno al contrato la responsabilidad del productor o proveedor.
• Establecen que el productor o proveedor no reintegre lo pagado si no ejecuta, en todo o en parte, el objeto contratado.
• Vinculan al consumidor al contrato aunque el productor o proveedor no cumpla sus obligaciones.
• Conceden al productor o proveedor la facultad de determinar unilateralmente si el objeto y la ejecución se ajustan a lo estipulado.
• Impiden al consumidor resolver el contrato cuando resulte procedente excepcionar el incumplimiento del productor o proveedor, salvo en el arrendamiento financiero.
• Presumen manifestaciones de voluntad del consumidor de las que se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo.
• Incluyen el pago de intereses no autorizados legalmente, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal.
• Imponen para la terminación del contrato mayores requisitos que los exigidos al celebrarlo, o mayores cargas que las legalmente establecidas.

«Ineficaz de pleno derecho» significa que la cláusula no produce efecto alguno sin necesidad de declaración judicial. No hay que demandar su nulidad: simplemente no vale.

Y conforme al artículo 44 de la misma ley, esa ineficacia no afecta la totalidad del contrato siempre que este pueda subsistir sin ella. El contrato sigue vivo, depurado de la cláusula. Es la misma lógica que explicamos en el artículo sobre los tipos de cláusulas en los contratos.

Qué hacer frente a una cláusula abusiva.

El adherente tiene varios caminos y conviene conocerlos en orden.

• Reclamación directa. Por escrito ante el productor o proveedor, invocando la ineficacia de la cláusula y solicitando que se abstenga de aplicarla. Es el paso previo y sirve de prueba.
• Actuación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando hay una relación de consumo, la entidad puede conocer del asunto tanto en su función administrativa de vigilancia como en la jurisdiccional, esta última para resolver la controversia entre las partes.
• Vía judicial ordinaria. Cuando no hay relación de consumo, o cuando se persigue la nulidad del contrato o la indemnización de perjuicios, corresponde al juez civil.

Conviene no confundir la ineficacia de la cláusula con la nulidad del contrato. La primera opera sola y deja el contrato en pie; la segunda debe declararla un juez y afecta el negocio completo.

Adhesión, engaño y arrepentimiento no son lo mismo.

Es una distinción que conviene fijar porque genera muchas expectativas equivocadas.

Que un contrato sea de adhesión no significa que pueda deshacerse por voluntad del adherente. Firmado el contrato, este obliga, y las cláusulas que sí cumplen la ley se aplican.

Tres situaciones distintas suelen mezclarse.

• La cláusula abusiva. Es ineficaz y no produce efectos, pero el resto del contrato subsiste.
• El derecho de retracto. El estatuto del consumidor lo reconoce para determinadas modalidades de venta, y debe ejercerse dentro del término legal, que es breve. Vencido ese plazo, ya no procede.
• El vicio del consentimiento. Si hubo engaño determinante, procede demandar la nulidad, probando el dolo. Es la vía más difícil, como explicamos en el artículo sobre los vicios del consentimiento.

De acuerdo con nuestro criterio, este es el escenario que más frustración genera: quien firmó un plan de ahorro programado, una afiliación o una compra a plazos, dejó pasar el término de retracto y después quiere recuperar su dinero, encuentra que el contrato de adhesión está redactado con precisión y que sus cláusulas de devolución, aunque duras, no necesariamente son de las que la ley declara ineficaces. Por eso la lectura del clausulado antes de firmar es la única defensa realmente eficaz.

Dónde se usan con más frecuencia.

• Servicios públicos domiciliarios: agua, energía, gas y telecomunicaciones.
• Contratos de seguro, donde la aseguradora fija el clausulado, las coberturas y las exclusiones.
• Productos financieros: cuentas, tarjetas de crédito y créditos de consumo.
• Transporte de pasajeros y de mercancías.
• Venta de vivienda sobre planos y planes de separación con constructoras.
• Suscripciones, plataformas digitales y términos y condiciones de uso.

En el caso de los seguros, además, el estatuto del consumidor impone la entrega anticipada del clausulado, exigencia que se conecta con lo explicado en el artículo sobre el contrato de seguro.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.

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