Despido del trabajador por superar 180 días de incapacidad médica

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El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo relaciona en su primera parte las justas causas de despido, y entre éstas incluye la siguiente:

«15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. (…)»

Una señora que se desempeñaba como aseadora en el Conjunto Residencial Bosque de Modelia I Etapa Propiedad Horizontal, fue despedida del cargo por haber estado incapacitada durante más de 180 días. La incapacidad le devino a la trabajadora como consecuencia de un accidente de trabajo que le ocasionó una pérdida de su capacidad laboral del 21.42%.

Al momento del despido la señora contaba con más de 18 años de servicios.

En la carta de despido se le informó que su retiro del Conjunto obedecía a la prolongada incapacidad que la apartó del servicio durante más de 180 días, lo cual, según se le aclara allí, constituye justa causa de despido de conformidad con lo previsto en el numeral 15 del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 (o sea la causal 15 del literal a) del Art. 62 del C. S. del T.).

En vista de lo anterior, la trabajadora demandó al Conjunto para que se declarara que el contrato de trabajo terminó por decisión unilateral del empleador.

Solicitó, igualmente, que se declarara «ilegal el despido” y que como consecuencia de ello se condenara al empleador al pago de todos los perjuicios y salarios dejados de percibir por haber sido despojada de su trabajo contra su voluntad y sin contar para ello con la autorización del inspector de trabajo.

De manera subsidiaria solicitó declarar que el empleador la despidió de forma injustificada; que es responsable del reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa prevista en el artículo 64 del CST, de la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 equivalente a 180 días de salario, de la indexación, los intereses moratorios y de las costas del proceso.

Adujo en la demanda que el despido fue injusto porque la causal invocada para la terminación del vínculo laboral fue derogada tácitamente por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

La empresa se opuso a las pretensiones de la demanda, a la vez que aceptó haber despedido a la trabajadora aduciendo como justa causa una incapacidad superior a 180 días, que la ARL le reconoció una indemnización por incapacidad permanente parcial, y que el despido se fundó en la causal establecida en el numeral 15 del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 o sea por haber permanecido incapacitada por más de 180 días. Subrayó que la trabajadora no se encontraba en situación de debilidad manifiesta, puesto que apenas contaba con 57 o 58 años de edad.

El juez a quo absolvió a la empresa de todas las pretensiones invocadas en su contra, y condenó en costas a la demandante.

La demandante apeló la sentencia y la Sala Laboral del respectivo Tribunal al desatar el recurso resolvió revocar la sentencia de primer grado y en su lugar, condenó a la demandada a reinstalar a la demandante al cargo de aseadora o a otro de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, además, al pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir desde la fecha del despido y de las costas de la segunda instancia.

Estableció el Tribunal que el demandado dio por terminado el contrato laboral, con fundamento en haber superado una incapacidad de más de 180 días generada por el accidente de trabajo, circunstancia prevista como justa causa de despido en el artículo 7 literal a) numeral 15 del Decreto 2351 de 1965.

Mencionó los artículos 4, 8 y 9 de la Ley 776 de 2002, para concluir que:

«si la incapacidad es consecuencia de un accidente de trabajo y la pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%, no es posible dar por terminado el contrato de trabajo amparándose en la justa causa prevista en la norma citada, pues el empleador tiene la obligación de ubicar al trabajador en el cargo que venía desempeñando o reubicarlo en otro de acuerdo con sus capacidades y aptitudes, (…)»

Seguidamente indicó que de conformidad con el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, “el despido de una persona por razón de su limitación, sin autorización previa de la oficina del Trabajo, es ineficaz.

Y agregó:

«Dado que la terminación del contrato de trabajo obedeció a haber cumplido 180 días de incapacidad derivada de un accidente de trabajo, lo que no resultaba procedente, y al no haber solicitado la autorización dispuesta en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se debía declarar que el despido no produjo efectos jurídicos, por lo que la actora debía ser reinstalada al cargo de aseadora o a otro compatible con sus capacidades, junto con el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir. »

El conjunto Residencial interpuso el recurso de casación.

En su demanda de casación el Conjunto atacó la sentencia del Tribunal reprochándole, entre otras cosas,  el haber ordenado el reintegro de la trabajadora sin que ésta lo hubiera solicitado en la demanda inicial ni se hubiera debatido en el proceso sobre dicha opción.  También le enrostró el haber tomado como causa del despido la disminución de la capacidad laboral de la trabajadora, siendo que lo fue la incapacidad superior a 180 días.

Advirtió que, de conformidad con las peticiones de la demanda, la actora solicitó que se declarara la ilegalidad del despido y como consecuencia la indemnización de perjuicios, no la ineficacia ni la reinstalación en su trabajo.

Adujo que debía tenerse en cuenta que la ilegalidad del despido busca resarcir los perjuicios causados y obtener entonces una indemnización tarifada o de índole económico, mientras que, si se trata de ineficacia, se entendería que se busca que las cosas vuelvan a su estado inicial conllevando una posible reinstalación o reintegro al cargo, situación última que no se presenta, porque lo reclamado por la actora fue la ilegalidad del despido.

Insistió en que el motivo del despido fue la incapacidad superior a 180 días consagrada como justa causa de terminación del contrato de trabajo en la ley, y no la disminución de capacidad laboral como lo sostiene el juez colegiado, por ende, el empleador no tenía la obligación de  solicitar autorización a la oficina del trabajo.

Resaltó que la justa causa de despido invocada por la demandada, no fue derogada.

Al estudiar el caso, la Corte encontró que el Tribunal se había equivocado al considerar que en este caso era necesario que se contara con la previa autorización del inspector de Trabajo para despedir a la actora, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, puesto que para que proceda la garantía de estabilidad dispuesta en esta norma, es necesario que el trabajador cuente al momento del despido con una discapacidad superior al 15% de PCL y que el empleador conozca de tal evento, circunstancia esta última no acreditada en el proceso.

Por tanto, no existiendo la calificación de la pérdida de capacidad laboral para el momento del despido, ni tampoco  el conocimiento del empleador de una situación de salud diferente a las incapacidades temporales, no era dable exigir la autorización del Ministerio del Trabajo para despedir a la trabajadora.

En ese orden, concluyó la Corte que debía casarse la sentencia impugnada en cuanto condenó al reintegro y al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

Consideró la Corte que se equivocó el juez de primer grado al considerar que la incapacidad de la actora por más de 180 días, configuraba la causal justa de despido prevista en el numeral 15 del literal a) del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, puesto que la misma (o sea la incapacidad)  tiene origen laboral, circunstancia que exceptúa la aplicación de esta disposición.

Señaló la Corte que la enfermedad que genera en el trabajador una incapacidad por más de 180 días, y que, por tanto, le permite al empleador despedirlo con justa causa, es aquella que no tenga origen laboral.

Encontró la Sala que la causa de la incapacidad médica de la actora, fue el accidente laboral, por tanto, no era posible que la empleadora acudiera a la causal invocada para finalizar el contrato de trabajo, porque dicha  causal exceptúa, precisamente, los eventos de enfermedad de carácter laboral.

Y actuando en sede de instancia revocó la sentencia del juzgado y en su lugar condenó al Conjunto  a pagar a la demandante la indemnización por despido sin justa causa, debidamente indexada.  La confirmó en lo demás.

(Ver sentencia SL19506-2017 - Radicación No. 54309 del 22 de noviembre de 2017 M. P. Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota)

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