Consorcios y uniones temporales en el impuesto de renta

Los consorcios y las uniones temporales no declaran renta: el artículo 18 del Estatuto Tributario dispone que los contratos de colaboración empresarial no son contribuyentes y que cada parte declara, de manera independiente, los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que le correspondan según su participación. Para poder hacerlo, el administrador del contrato debe certificarles esa información. ¿Qué declara cada consorciado y qué debe contener el certificado?

El consorcio no es contribuyente.

Los consorcios y uniones temporales no constituyen una persona jurídica distinta de quienes los conforman, y por eso no son sujetos del impuesto de renta. Lo dice el artículo 18 del Estatuto Tributario:

«Los contratos de colaboración empresarial tales como consorcios, uniones temporales, joint ventures y cuentas en participación, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las partes en el contrato de colaboración empresarial, deberán declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación en los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos incurridos en desarrollo del contrato de colaboración empresarial.»

Que el contrato tenga NIT propio no cambia nada: ese NIT sirve para otras obligaciones, como facturar, practicar retenciones y declarar IVA, pero no para declarar renta. El tratamiento en IVA y en retención se explica en los artículos sobre los consorcios frente al impuesto a las ventas y la retención en la fuente a uniones temporales.

Qué declara cada consorciado.

Cada parte declara la proporción que le corresponde de todo lo del contrato: no solo la utilidad, sino los activos, los pasivos, los ingresos, los costos y las deducciones.

Supongamos un consorcio integrado por tres empresas con participaciones del 40%, 30% y 30%. La primera declara el 40% de cada partida y las otras el 30%; entre las tres declaran el 100%. Lo confirmó la sección cuarta del Consejo de Estado en la sentencia 20347 del 23 de febrero de 2017:

«Todo, porque no puede perderse de vista que la normativa tributaria señala que las partes de la unión temporal deben declarar los ingresos, costos y deducciones, de acuerdo con su participación en los ingresos, costos y deducciones de la unión temporal. Es por ese motivo que la contribuyente no puede llevar la totalidad de esa erogación en la declaración de renta, sino el porcentaje de participación establecido en el contrato, esto es, el 40%.»

Las retenciones practicadas al contrato se distribuyen del mismo modo: cada parte imputa en su declaración las que le corresponden según su participación.

El rendimiento garantizado cambia el tratamiento.

El inciso tercero del artículo 18 prevé el caso en que una de las partes tiene un rendimiento garantizado, es decir, recibe un valor fijo con independencia del resultado del negocio. En ese evento, la relación con el contrato se trata para todos los efectos fiscales como si fuera entre partes independientes: no hay aporte al contrato, sino una enajenación o una prestación de servicios.

La certificación a los consorciados.

Como el contrato suele tener su propia administración, los miembros no siempre conocen las cifras que les corresponden. Por eso el parágrafo 1 del artículo 18 impone la obligación de certificarlas:

«En los contratos de colaboración empresarial el gestor, representante o administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a los partícipes, consorciados, asociados o unidos temporalmente la información financiera y fiscal relacionada con el contrato. La certificación deberá estar firmada por el representante legal o quien haga sus veces y el contador público o revisor fiscal respectivo.»

El certificado lo expide quien lleva el control del contrato, que puede ser el administrador, el gerente, el representante legal o el socio gestor, y debe estar firmado también por el contador o el revisor fiscal. En el contrato de cuentas en participación, la certificación del gestor al partícipe oculto hace las veces del registro de las actividades del contrato.

Debe contener lo que cada parte necesita para declarar: su porcentaje de participación y la proporción que le corresponde de activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones. De esa certificación depende que las declaraciones de los consorciados no queden con valores equivocados.

Cuándo debe expedirse.

La ley no fijó un plazo, de modo que la periodicidad se define por las obligaciones que soporta. Para la declaración de renta bastaría una certificación anual, pero el contrato genera obligaciones bimestrales o cuatrimestrales de IVA, de modo que en la práctica conviene expedirla con esa misma frecuencia.

De acuerdo con nuestro criterio, lo razonable es pactar en el contrato la periodicidad de la certificación, y hacerla mensual cuando el consorcio tiene operación continua: reconstruir doce meses de cifras al cierre del año es más costoso que certificarlas sobre la marcha.

Modelo de certificación para los consorciados.

Este modelo reúne los elementos que exige la norma y puede adaptarse a cada contrato:

Conviene anexar la relación de las operaciones con terceros y el detalle de las transacciones entre el contrato y los partícipes con rendimiento garantizado, que tienen tratamiento de partes independientes.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.