¿Es legal que le hagan firmar un pagaré para entrar a trabajar?

Ninguna norma prohíbe de forma expresa que el empleador exija al trabajador firmar una letra de cambio o un pagaré como garantía, y por eso la práctica persiste. Pero la Corte Suprema de Justicia la declaró ilegal en la sentencia STC3298-2019: el Código Sustantivo del Trabajo no faculta al empleador para exigir esos títulos, y hacerlo contraría el principio de irrenunciabilidad del artículo 53 de la Constitución. ¿Qué pasa si ya se firmó?

El empleador no puede exigir títulos valores como garantía.

Es frecuente que al firmar el contrato se exija además una letra de cambio o un pagaré en blanco, como garantía de los eventuales daños que el trabajador pudiera causar o de su permanencia en el cargo.

El Código Sustantivo del Trabajo no contempla que el trabajador deba constituir garantías en favor del empleador. Y aunque no existe una norma que lo prohíba expresamente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fue clara en la sentencia de tutela STC3298-2019:

«En lo tocante con instrumentos negociables como garantía de la incorporación, permanencia, renovación del contrato, o para la promoción o movilidad en el empleo, el Código Sustantivo del Trabajo no faculta al empleador para exigir la suscripción de títulos valores en blanco como garantía del cumplimiento de la vinculación o por la responsabilidad del trabajador en la ejecución de su labor. Al contrario, el Estatuto Laboral prohíbe cualquier acto que afecte el mínimo de sus derechos y garantías, de consiguiente, tal exigencia hállase a contrapelo de los principios rectores previstos en el artículo 53 de la Constitución, como el de la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales».»

Y precisó las normas que la práctica infringe:

«Esa práctica denunciada constitucionalmente, infringe rectamente las disposiciones de los artículos 13, 59, 149 del Código Sustantivo, los cuales, velan por las garantías mínimas del trabajador en su contratación y protegen la plena autonomía para decidir el destino de su salario (en lo tocante con deducciones o retenciones). Actuaciones como la cuestionada son totalmente ilegales y rebasan las fronteras de protección de las garantías del trabajador, hoy apenas, mínimas por estar sujetas al principio de progresividad.»

La conclusión es que el empleador no puede, bajo ninguna circunstancia, hacer firmar al trabajador un título valor como garantía de los perjuicios que llegue a causarle.

El riesgo de haberlo firmado.

El problema del título valor es su autonomía. La letra de cambio y el pagaré son títulos independientes del negocio que les dio origen, de modo que el juez que conoce del proceso ejecutivo se limita a verificar que el título cumpla sus requisitos formales.

Si los cumple, no tiene alternativa distinta a proferir mandamiento de pago contra el trabajador, con las medidas cautelares que ello implica, y esperar a que este proponga excepciones.

De ahí que firmar el título no sea inocuo: aunque al final no pueda ejecutarse, el trabajador deberá soportar un proceso judicial y eventuales embargos hasta que el juez declare probadas sus excepciones.

Cómo defenderse en el proceso ejecutivo.

Aquí está lo que el trabajador necesita saber si ya lo demandaron.

La misma sentencia STC3298-2019 señala que, cuando el título valor tiene su origen en la violación de normas laborales y de principios constitucionales, el juez debe valorar esa situación. Dijo la Corte:

«Para concluir, atendiendo a lo ocurrido en el caso examinado, es necesario advertir que los juzgadores denunciados desconocieron, completamente, la situación de la accionante, pues, de modo alguno, se cuestionaron sobre la legalidad del negocio causal del título cobrado –contrato de trabajo-, no atendieron a la situación de vulnerabilidad de aquélla e, incluso, le impusieron cargas desproporcionadas.»

Y agregó un punto decisivo sobre la carga probatoria:

«Ciertamente, la censuraron por omitir demostrar la existencia de la carta de instrucciones para llenar el pagaré y el diligenciamiento irregular del cartular, elementos exigidos cuando las partes se encuentran en igualdad de condiciones y han contraído obligaciones en el tráfico general de negocios comerciales, situación distinta a la aquí ventilada.»

Es decir, no puede exigírsele al trabajador la misma carga probatoria que a un comerciante, porque no estaba en igualdad de condiciones cuando firmó.

En términos prácticos, el trabajador debe:

1. Proponer la excepción de cobro de lo no debido contra el mandamiento de pago, alegando la ilegalidad del título en su origen.
2. Acreditar que la firma se exigió como condición para ser contratado o para permanecer en el cargo, con el contrato, los testimonios o cualquier otro medio.
3. Invocar el precedente de la sentencia STC3298-2019 para que el juez examine el negocio causal.
4. Si el juez insiste en la ejecución, acudir a la acción de tutela con fundamento en ese mismo precedente.

Qué puede hacer el empleador para protegerse.

El empleador recurre a esta práctica por un temor legítimo: el hurto o el daño grave causado por el trabajador en cargos de manejo. Pero el camino es otro, y la propia Corte lo señala:

«Ante la existencia del posible «apoderamiento» enrostrado a la censora, está probada la acción penal seguida contra aquélla, escenario donde debe determinarse la comisión de los actos imputados y, de ser el caso, Unilider Cundinamarca S.A.S. podrá cobrar allí o en otra causa civil, los presuntos daños sufridos por ese hecho.»

De modo que si el hurto o el daño ocurre, el empleador debe denunciar penalmente, y probada la responsabilidad podrá cobrar los perjuicios en el mismo proceso penal o en uno civil.

Conviene recordar, además, que el empleador no puede descontar nada que el trabajador no haya autorizado, y que un proceso disciplinario interno no tiene la vocación de determinar responsabilidades que habiliten un descuento, como desarrollamos en descuentos de nómina permitidos y prohibidos. Las alternativas legítimas son la denuncia penal o un acuerdo con el trabajador que autorice el descuento.

De acuerdo con nuestro criterio, en cargos de alto riesgo patrimonial la vía adecuada no es el pagaré sino la póliza de manejo, que es un seguro contratado por la empresa y no una carga impuesta al trabajador.

¿Y si de todos modos me lo exigen?

La realidad es que la práctica continúa, porque no hay norma que la prohíba de forma expresa ni sanción específica para el empleador que la exige. Y el aspirante, necesitado del empleo, termina accediendo.

Conviene saber dos cosas. La primera es que firmar no suele terminar en una ejecución exitosa, por las razones ya expuestas, aunque sí puede costar un proceso judicial y medidas cautelares. La segunda es que conviene conservar prueba de que la firma se exigió como condición del empleo: el correo, el mensaje o el testimonio de quien presenció la exigencia. Esa prueba es la que después sostiene la excepción.

Y si el empleador la exige antes de contratar, la queja ante el Ministerio del Trabajo es la vía disponible, aunque en la práctica resulte poco efectiva.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.