Qué hacer si no está de acuerdo con la calificación de invalidez

Quien no esté de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le dictaminaron tiene 10 días para manifestar su inconformidad ante la entidad que calificó, que debe remitir el caso a la junta regional. Lo que esta decida puede apelarse ante la junta nacional, y contra ese dictamen definitivo solo queda la demanda laboral. Los plazos están en el artículo 41 de la ley 100 de 1993. ¿Cómo se recurre en cada instancia?

Las tres instancias.

Conviene tener el mapa completo antes de entrar en los plazos, porque la secuencia no se puede alterar.

La entidad que califica en primera oportunidad es también la que pagará la prestación que resulte, y esa es la razón de ser de todo el sistema de recursos.

De acuerdo con nuestro criterio, ese conflicto de interés justifica recurrir casi siempre que el dictamen quede cerca de un umbral. Quien califica con un 47 % evita una pensión; quien califica con un 4 % evita una indemnización.

Qué se califica, cómo se determina el origen y qué corresponde según el porcentaje lo desarrollamos en el artículo sobre la calificación de la pérdida de capacidad laboral.

La inconformidad: 10 días improrrogables.

Es el plazo que más derechos hace perder, porque es corto y porque muchos creen que deben acudir directamente a la junta.

Dice la segunda parte del inciso segundo del artículo 41 de la ley 100 de 1993:

«En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.»

La inconformidad se presenta ante la misma entidad que calificó, no ante la junta. Es ella la que debe remitir el expediente dentro de los cinco días siguientes.

Los diez días se cuentan desde la notificación del dictamen, de modo que conviene guardar la constancia de esa notificación.

De acuerdo con nuestro criterio, la inconformidad debe presentarse por escrito y con radicado, aunque la ley no exija formalidad alguna. Sin esa constancia es imposible demostrar después que se presentó a tiempo.

No hace falta un recurso elaborado.

La ley no impone formalidades ni exige sustentación jurídica. Basta con relatar los hechos y explicar en qué no se está de acuerdo.

Lo que sí conviene es aportar todo el soporte clínico disponible: historia clínica, epicrisis, exámenes, conceptos de especialistas y cualquier documento que muestre condiciones que el dictamen no valoró.

De acuerdo con nuestro criterio, ahí está la clave del resultado. Las juntas revisan lo que tienen a la vista, y la mayoría de los dictámenes bajos se explican por patologías que no se aportaron o que no se valoraron en conjunto.

La junta regional.

Actúa como primera instancia y revisa el dictamen de la entidad, sin estar atada a él.

No se limita a confirmar o revocar: hace su propia calificación, de modo que el porcentaje puede subir, bajar o quedarse igual.

De acuerdo con nuestro criterio, conviene tenerlo presente antes de recurrir. Recurrir un dictamen del 48 % puede terminar en un 40 %, y ese riesgo hay que valorarlo con el soporte clínico en la mano.

Los honorarios de la junta los paga la entidad a la que esté afiliada la persona y no el interesado, salvo que no esté afiliado a ninguna, como explicamos en el artículo sobre la calificación de la pérdida de capacidad laboral.

La apelación ante la junta nacional.

La decisión de la junta regional puede apelarse ante la junta nacional, que decide en segunda y última instancia.

La apelación se presenta ante la propia junta regional, que debe remitir el expediente a la nacional dentro de los dos días siguientes.

El recurso lo puede interponer cualquiera de las partes. Si es la ARL o el fondo de pensiones el que no está conforme, dispone de los mismos recursos que el afiliado.

Cuánto se demora la junta nacional.

Es la consulta más frecuente y la respuesta que da la ley no corresponde a lo que ocurre en la práctica.

El artículo 41 de la ley 100 de 1993 habla de cinco días. Pero el trámite real está detallado en el artículo 2.2.5.1.34 y siguientes del decreto 1072 de 2015, y suma bastante más.

1. Radicada la solicitud, el reparto entre los médicos de la junta se hace dentro de los 2 días hábiles siguientes.
2. El médico ponente cita al paciente dentro de los 2 días hábiles siguientes a recibir el caso.
3. La valoración del paciente debe hacerse dentro de los 10 días hábiles siguientes.
4. El ponente estudia los documentos y radica la ponencia dentro de los 5 días hábiles siguientes.
5. Si se decretan pruebas, el proyecto de dictamen se radica dentro de los 2 días hábiles siguientes a recibir los resultados.
6. Radicada la ponencia, la audiencia se realiza dentro de los 5 días hábiles siguientes.
7. La junta decide la apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes.

Sumados, los plazos reglamentarios superan el mes hábil, sin contar el tiempo de las pruebas ni las demoras de la práctica.

De acuerdo con nuestro criterio, la mención de los cinco días en la ley 100 se refiere al término para decidir una vez surtido el trámite, no a la duración total del proceso. Conviene no esperar una respuesta en una semana.

Después del dictamen definitivo.

La decisión de la junta nacional agota la vía administrativa, pero no cierra el camino.

El mismo artículo 41 de la ley 100 de 1993 lo dice en una frase: «Contra dichas decisiones proceden las acciones legales».

Esa acción es una demanda ordinaria ante la justicia laboral, en la que se controvierte el dictamen definitivo.

Conviene precisar algo que suele confundirse: el dictamen de una junta de calificación no es un acto administrativo, de modo que no se demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. El camino es la demanda laboral ordinaria.

De acuerdo con nuestro criterio, antes de demandar conviene agotar la vía de la nueva calificación, que es más rápida y menos costosa cuando la condición de salud ha evolucionado.

Volver a calificarse no es apelar.

Son dos caminos distintos y conviene no confundirlos, porque los plazos y el resultado son diferentes.

La apelación controvierte un dictamen concreto y solo procede dos veces: ante la junta regional y ante la nacional.

La nueva calificación, en cambio, parte de una condición de salud que cambió. Puede solicitarse en cualquier momento, sin límite, y el dictamen que resulte podrá a su vez recurrirse en las mismas dos instancias.

De acuerdo con nuestro criterio, esa es la vía natural cuando el dictamen quedó en firme pero la condición empeoró. No se recurre lo ya decidido: se pide una calificación nueva sobre hechos nuevos.

Recuérdese que la ARL y el fondo de pensiones solo pueden pedir la revisión cada tres años, mientras que el afiliado puede hacerlo cuando quiera.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.