No se puede embargar lo que no se tiene, pero el acreedor puede demandar igual y embargar después lo que el deudor llegue a tener: un salario, una cuenta bancaria, un inmueble o un vehículo. Una vez iniciado el proceso ejecutivo, la decisión que ordena seguir adelante la ejecución no genera una nueva prescripción, de modo que el cobro puede durar años. El límite es el desistimiento tácito: si el proceso queda inactivo dos años después de esa decisión, termina, y la interrupción de la prescripción se pierde.
Qué pasa si me demandan y no tengo bienes.
Si el deudor no tiene bienes a su nombre, el juez decreta las medidas que pida el acreedor, pero no hay nada sobre qué practicarlas: el oficio al banco vuelve sin saldo, el registrador informa que no hay inmuebles y no hay empleador al cual oficiar. El proceso sigue su curso, y el acreedor queda a la espera de que aparezca algo que embargar.
Tampoco se pueden embargar los bienes de otra persona por la deuda del demandado, aunque vivan en la misma casa. Si en una diligencia de secuestro se pretende llevar bienes que pertenecen a un tercero, este puede oponerse demostrando su posesión (artículo 596 del Código General del Proceso, CGP). Y si el deudor traspasó sus bienes a otra persona para evitar el embargo, el acreedor tiene que atacar primero ese traspaso, como se explica en el artículo sobre cómo perseguir los bienes del deudor que se insolventa.
En ningún caso la deuda lleva a la cárcel: el artículo 28 de la Constitución dispone que en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas.
¿Por qué demandar a una persona que no tiene nada a su nombre?
Porque la demanda interrumpe la prescripción. Si el acreedor no demanda, la acción para cobrar se extingue con el paso del tiempo: tres años para la acción cambiaria de una letra o un pagaré, y cinco años para la acción ejecutiva de otros títulos, como se explica en el artículo sobre la prescripción de la acción ejecutiva.
Presentada la demanda y notificado el mandamiento de pago a tiempo, la prescripción se interrumpe, y el acreedor puede esperar a que el deudor consiga un empleo, abra una cuenta o compre un bien para pedir su embargo.
La orden de seguir adelante la ejecución no prescribe.
Si el deudor no propone excepciones, o las propone y no prosperan, el juez ordena seguir adelante la ejecución. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SC5515-2019, precisó que esa decisión no es una sentencia de condena que cree un nuevo derecho sometido a prescripción:
«En efecto, no puede confundirse el alcance que tiene la sentencia que dentro del proceso ejecutivo desestima las excepciones propuestas por el ejecutado y ordena el remate de los bienes cautelados o seguir adelante la ejecución con las sentencias proferidas en los procesos de conocimiento, particularmente en los declarativos de condena, habida cuenta que, como antes se dijo aquellas no reconocen ni declaran derechos ni ponen fin al proceso, amén que este lo finiquita la satisfacción integral de la prestación debida o alguna de las formas anormales que el propio legislador prevé (transacción, desistimiento, desistimiento tácito)…»
Y agregó:
«…esta determinación lo único que hace es re-examinar la satisfacción de los requisitos esenciales del título, en cuanto a la vigencia o no de la prestación debida y su alcance, ora para poner fin a la ejecución de hallarlos incumplidos o para desestimar los reproches y hacer idénticas determinaciones, esto es ordenar el remate y avalúo o seguir adelante la ejecución, sin que en modo alguno tales determinaciones puedan calificarse de «sentencias de condenas», capaces de generar las consecuencias que de ese tipo de decisiones emergen.»
La sentencia se refería al artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, que hoy corresponde al artículo 443 del CGP.
Por eso hay casos en que, años después de la demanda, se embargan salarios, cuentas o inmuebles del deudor: el proceso sigue vivo y la deuda, con sus intereses, sigue siendo exigible.
El límite: el desistimiento tácito.
Que la orden de seguir adelante la ejecución no prescriba no significa que el proceso pueda dormir indefinidamente. Según el literal b) del numeral 2 del artículo 317 del CGP, si el proceso con sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución permanece inactivo en la secretaría del despacho durante dos (2) años, el juez decreta su terminación por desistimiento tácito, de oficio o a petición de parte, y se levantan las medidas cautelares.
La consecuencia es grave para el acreedor: según el literal f) del mismo numeral y el numeral 6 del artículo 95, queda sin efecto la interrupción de la prescripción que había producido la demanda. Puede volver a demandar seis meses después, pero el término de prescripción se cuenta como si la primera demanda nunca se hubiera presentado, de modo que, en la mayoría de los casos, la deuda ya habrá prescrito. Y si el desistimiento tácito se decreta por segunda vez, el derecho se extingue.
Por eso el deudor que no tiene bienes debe revisar periódicamente el estado del proceso: si lleva dos años sin actuaciones, puede pedir el desistimiento tácito. Y por eso los acreedores diligentes presentan solicitudes periódicas, como nuevas peticiones de embargo o actualizaciones de la liquidación del crédito. La norma dice que cualquier actuación interrumpe el término, pero la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha precisado en sede de tutela (STC11191-2020) que, en procesos con orden de seguir adelante la ejecución, solo lo interrumpen las actuaciones idóneas para impulsar el proceso, no peticiones como la expedición de copias. Las particularidades se explican en el artículo sobre el desistimiento tácito en el proceso ejecutivo.
Vigencia de la orden de embargo.
El auto que decreta un embargo no tiene una fecha de vencimiento, pero cada orden se dirige a un bien o a un pagador concreto y se cumple mediante el oficio respectivo.
Por ejemplo, si el juez embarga el salario que Pablo devenga en la empresa A, y Pablo renuncia y consigue trabajo en la empresa B, el acreedor debe pedir al juez que oficie a la nueva empresa. El oficio dirigido a la empresa A no sirve para embargar el salario en la empresa B. Lo mismo ocurre con las cuentas bancarias: el embargo comunicado a un banco no alcanza las cuentas que el deudor abra después en otro.
Por eso los acreedores revisan periódicamente si el deudor consiguió empleo, abrió cuentas o adquirió bienes, para pedir de inmediato el embargo.
Caducidad de la inscripción de las medidas cautelares en inmuebles.
Cuando se embarga un inmueble, el embargo se inscribe en la oficina de registro y aparece en el certificado de tradición y libertad. Esa inscripción tiene una vigencia limitada, según el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012:
«Las inscripciones de las medidas cautelares tienen una vigencia de diez (10) años contados a partir de su registro. Salvo que antes de su vencimiento la autoridad judicial o administrativa que la decretó solicite la renovación de la inscripción, con la cual tendrá una nueva vigencia de cinco (5) años, prorrogables por igual período hasta por dos veces.»
Si el acreedor no logra el remate dentro de los diez años, debe pedir al juez que solicite la renovación antes del vencimiento. Si no lo hace, el registrador puede cancelar la inscripción a solicitud del interesado. La caducidad de la inscripción no extingue la deuda: el acreedor puede pedir de nuevo el embargo de ese u otro bien mientras el proceso siga vigente.
Preguntas frecuentes.
A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.
¿Qué es lo primero que me embargan?
Depende de lo que el acreedor sepa del deudor, pero lo habitual es pedir a la vez el embargo del salario, de las cuentas bancarias, de los inmuebles y de los vehículos.
¿Cuánto dinero hay que deber para que me embarguen?
Cualquier monto, porque la ley no fija un mínimo. Si la deuda es muy baja, al acreedor puede no resultarle rentable demandar, así que cada acreedor decide desde qué monto le conviene.
¿Me pueden embargar la cuenta de Nequi o Daviplata?
Sí, pero según el artículo 4 de la Ley 1555 de 2012 los depósitos electrónicos tienen la misma protección que las cuentas de ahorro hasta el monto inembargable que fija la Superintendencia Financiera, como se explica en el artículo sobre el monto inembargable de las cuentas de ahorro.
¿Me pueden embargar un carro que no está a mi nombre?
No. Solo se embargan bienes del deudor. Si el carro está a nombre de otra persona, el acreedor tendría que demostrar que el traspaso fue simulado o fraudulento, o perseguir la posesión que el deudor tenga sobre él.
¿Me pueden meter a la cárcel por una deuda?
No. El artículo 28 de la Constitución prohíbe la detención, la prisión y el arresto por deudas. Distinto es el delito de inasistencia alimentaria, que no castiga la deuda sino el incumplimiento del deber de dar alimentos.
¿Cuándo lo van a embargar, le avisan?
No. Las medidas cautelares se practican antes de notificar al demandado, para evitar que traspase sus bienes.
¿Los embargos prescriben?
La orden de seguir adelante la ejecución no prescribe, pero el proceso termina por desistimiento tácito si permanece dos años inactivo, y entonces la interrupción de la prescripción se pierde. La inscripción del embargo de un inmueble caduca a los diez años si no se renueva.
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Tengo un apartamento, el cual se terminó de pagar hace dos semanas en un banco X, es decir, que continúa a nombre del banco porque no he hecho el traspaso del inmueble a mi nombre. Ese apto es patrimonio familiar y afectación de vivienda; con este mismo banco X solicité un crédito virtual de libre inversión el cual no pude seguir pagando y pasó a una casa de cobranza. Mi pregunta es: ¿el banco X puede embargar este apartamento aunque sea patrimonio de familia, ya que la deuda castigada fue con ellos? Espero haberme hecho entender y gracias.
No. El banco puede embargarle el apartamento sólo si se trata de un crédito hipotecario con el cual se financió la adquisición del apartamento. Al extinguirse el crédito hipotecario, el banco debe someterse a las reglas generales donde no hay excepciones.
El hecho de que el crédito sea con el mismo banco no cambia la inembargabilidad del inmueble.