¿Se debe autenticar la letra de cambio?

No. La ley no impone la autenticación ante notario como requisito de la letra de cambio: ni el artículo 621 ni el artículo 671 del Código de Comercio la mencionan, y el artículo 244 del Código General del Proceso presume auténticos los documentos que reúnen los requisitos para ser título ejecutivo. Entonces, ¿por qué tantos acreedores llevan la letra a la notaría y en qué casos vale la pena hacerlo?

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La ley no exige autenticar la letra de cambio.

La letra de cambio presta mérito ejecutivo por el solo hecho de cumplir los requisitos de los artículos 621 y 671 del Código de Comercio, que detallamos en el artículo sobre la letra de cambio. Ninguno de esos requisitos se refiere a la autenticación del título ante notario.

Tampoco es necesario estampar la huella del aceptante en el cuerpo de la letra, ni la firma de testigos, ni el registro del documento ante ninguna entidad. Son precauciones, no exigencias.

Y no se trata solo de que la ley comercial guarde silencio: la ley procesal es la que le da a la letra su fuerza probatoria. Señala el artículo 244 del Código General del Proceso:

«Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. […] Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.»

En consecuencia, la letra bien diligenciada llega al proceso amparada por una presunción legal de autenticidad, y quien quiera discutirla tendrá que atacarla. El acreedor no debe probar que la firma es del deudor; es el deudor quien debe demostrar que no lo es.

Por qué la letra presta mérito ejecutivo sin estar autenticada.

Para ejecutar a alguien se necesita un título ejecutivo, y el artículo 422 del Código General del Proceso exige dos cosas: que la obligación sea clara, expresa y exigible, y que el documento provenga del deudor.

La firma del aceptante satisface justamente ese segundo requisito, pues es el propio deudor quien suscribe el documento. De ahí que la aceptación sea la pieza determinante, tema que ampliamos en el artículo sobre la aceptación de la letra de cambio.

Recordemos aquella premisa según la cual todo título valor puede ser título ejecutivo, pero no todo título ejecutivo es un título valor. Así lo ha explicado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el auto AC2310-2019 del 17 de junio de 2019, al señalar que un título valor es un título ejecutivo «porque proviene de un deudor y contiene una obligación clara, expresa y exigible».

Es claro, entonces, que el único requisito indispensable es que la letra esté firmada por quien se obliga, sin que haya que hacer reconocimiento de esa firma ante notario. Qué significa estar bien diligenciada lo explicamos en el artículo sobre cómo llenar una letra de cambio, y el concepto en el artículo sobre el mérito ejecutivo.

Autenticación y reconocimiento no son lo mismo.

Aquí conviene una precisión que casi nadie hace, y que importa porque cambia el trámite que hay que pedir en la notaría. Lo que popularmente se llama «autenticar la letra» es, técnicamente, un reconocimiento de documento privado.

El artículo 68 del decreto 960 de 1970, que es el estatuto del notariado, permite que quienes hayan suscrito un documento privado acudan ante el notario para que este autorice el reconocimiento de sus firmas y del contenido del documento. Y el artículo 72 del mismo decreto precisa su efecto:

«El reconocimiento practicado en la forma dispuesta en este Capítulo da plena autenticidad y fecha cierta al documento y procede respecto del otorgado para pactar expresamente obligaciones.»

Es decir, el reconocimiento es el trámite pensado precisamente para documentos que crean obligaciones, como una letra de cambio, y le da plena autenticidad y fecha cierta.

La autenticación propiamente dicha es otra cosa, y el artículo 77 del mismo decreto lo dice sin rodeos:

«La autenticación solo procede respecto de documentos de que no emanen directamente obligaciones, no equivale al reconocimiento, tiene el valor de un testimonio fidedigno, y no confiere al documento mayor fuerza de la que por sí tenga.»

De acuerdo con nuestro criterio, esto tiene una consecuencia práctica: quien vaya a la notaría a «autenticar» una letra de cambio debe pedir el reconocimiento de firma y contenido, porque una simple autenticación no le agrega fuerza al título.

Ninguno de los dos trámites es obligatorio para la letra, pero si se va a gastar el dinero, conviene pedir el que sirve.

Entonces, para qué sirve reconocer la firma ante notario.

Sirve para cerrarle al deudor la puerta de negar su propia firma, que es la excepción más socorrida cuando alguien no quiere pagar.

Aunque la letra se presume auténtica, el ejecutado puede tacharla de falsa, y en ese caso el juez ordena un cotejo pericial de firmas que alarga el proceso durante meses. El trámite y las oportunidades para hacerlo los explicamos en el artículo sobre la tacha de falsedad.

Nótese algo importante: el artículo 272 del Código General del Proceso permite desconocer un documento a quien se le atribuye uno que no firmó ni escribió, pero cuando la firma está puesta por la parte, el camino ya no es el desconocimiento, sino la tacha de falsedad, que exige alegarla y probarla.

Y aquí aparece la utilidad concreta del reconocimiento notarial: el artículo 273 del mismo código señala, entre los documentos idóneos para el cotejo de firmas, los documentos privados reconocidos expresamente. Una letra reconocida ante notario deja al deudor sin margen razonable para negar la firma.

Por eso, aunque no sea un requisito, la diligencia tiene un valor probatorio real, como lo explicamos también en el artículo sobre por qué autenticar contratos, documentos y títulos valores.

Cuándo conviene reconocer la firma de la letra.

De acuerdo con nuestro criterio, la diligencia se justifica en estos casos:

• Cuando el monto es alto y el costo notarial resulta insignificante frente al valor prestado.
• Cuando no se conoce bien al deudor o no hay una relación comercial previa.
• Cuando la letra se firma en blanco, escenario en el que además debe suscribirse la carta de instrucciones que explicamos en el artículo sobre la letra de cambio en blanco.
• Cuando el deudor firma por otra persona o como representante, para dejar constancia de esa calidad.

En cambio, para deudas pequeñas entre personas que se conocen, el costo de la notaría suele no compensar el trámite, y basta con hacer firmar bien la letra y verificar la cédula.

El valor de la diligencia depende de la tarifa notarial vigente para el año, que fija anualmente la Superintendencia de Notariado y Registro, por lo que conviene consultarla en la notaría antes de ir.

La huella digital tampoco es un requisito.

La ley no exige la huella del aceptante, de modo que una letra sin huella es plenamente válida y ejecutable.

Su utilidad es la misma del reconocimiento: si el deudor tacha la firma de falsa, la huella permite un cotejo dactiloscópico que suele ser más concluyente que el grafológico. Por eso la recomendamos, pero como precaución probatoria, no como formalidad del título.

Los pagarés tampoco deben autenticarse.

Al pagaré se le aplican las reglas de la letra de cambio por remisión del artículo 711 del Código de Comercio, y sus requisitos propios, los del artículo 709, no incluyen ninguna formalidad notarial.

La prueba está en la práctica bancaria: los bancos hacen firmar millones de pagarés sin llevar ninguno a la notaría, y con ellos ejecutan a sus deudores sin problema.

Qué pasa si la letra de cambio no presta mérito ejecutivo.

Supongamos que a la letra le falta un requisito y por eso no sirve como título ejecutivo. La deuda no desaparece. Señala el artículo 620 del Código de Comercio:

«Los documentos y los actos a que se refiere este Título sólo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta el negocio jurídico que dio origen al documento o al acto.»

En consecuencia, el acreedor pierde la vía ejecutiva, pero conserva el derecho a cobrar el negocio que originó la letra. Para ello deberá acudir a un proceso ordinario o declarativo, en el que tendrá que probar la existencia de ese negocio, y la sentencia que obtenga sí será un título ejecutivo.

La diferencia entre los dos caminos, que en tiempo y en costo es enorme, la explicamos en el artículo sobre la diferencia entre proceso ordinario y proceso ejecutivo.

A continuación, respondemos las preguntas frecuentes realizadas por nuestros lectores.