Contrato realidad: qué es, cómo se prueba y qué se reclama

El contrato realidad es el contrato de trabajo que un juez declara cuando una relación presentada como prestación de servicios, contrato comercial u otra figura reúne en la práctica los elementos de una relación laboral. Se apoya en la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, según la cual toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, y en el principio de primacía de la realidad del artículo 53 de la Constitución. ¿Qué debe probar el trabajador y qué puede reclamar?

Qué es el contrato realidad.

Es la consecuencia de disfrazar un contrato de trabajo con otra figura. Lo más frecuente es el contrato de prestación de servicios, pero también se usan contratos comerciales, cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales por fuera de sus límites o contratos de arrendamiento de vehículos.

El propósito suele ser evitar los costos de la relación laboral: prestaciones sociales, aportes, horas extras, recargos e indemnizaciones. La ley no lo permite, porque el contrato de trabajo existe por los hechos y no por el nombre que las partes le den.

El numeral 2 del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo lo dice expresamente:

«Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.»

Esos tres elementos son la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración, que se explican en elementos del contrato de trabajo.

La presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

El contrato realidad descansa en una presunción legal. El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo dispone:

«Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.»

Una presunción legal es una regla que da por cierto un hecho mientras no se pruebe lo contrario. Aquí, basta demostrar que se prestó un servicio personal para que se presuma que hubo contrato de trabajo, y es quien lo niega el que debe demostrar que la relación fue autónoma e independiente.

Qué debe probar el trabajador.

El trabajador que reclama debe probar, como mínimo, que prestó el servicio personalmente. Con eso se activa la presunción, y no necesita probar la subordinación. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo reiteró en la sentencia SL577-2020:

«(…) el art. 24 del CST dispone que al trabajador solo le basta demostrar la ejecución personal de un servicio, para que se configure la presunción de la existencia de un vínculo laboral; como contrapartida, el empleador deberá desvirtuar el hecho presumido a partir de elementos de convicción que avalen que el servicio «presumido» se ejecutó bajo una relación jurídica autónoma e independiente.»

Pero la presunción no lo exime de todo. En la sentencia SL4912-2020 la Corte precisó que el demandante debe acreditar además los extremos temporales de la relación, el monto del salario, la jornada, el trabajo suplementario si lo reclama y el despido si pide la indemnización. Entre más de esos hechos pruebe, más difícil será desvirtuar la presunción.

Qué debe probar el empleador.

Al empleador le corresponde demostrar que el servicio se prestó con autonomía. Y no le basta con mostrar el contrato de servicios firmado. La Corte Constitucional lo dijo en la sentencia C-665 de 1998:

«El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente.»

En la práctica, debe probar que el contratista organizaba su propio trabajo, fijaba sus horarios, usaba sus herramientas, podía hacerse reemplazar y respondía por resultados, no por órdenes.

La subordinación, el elemento decisivo.

La prestación personal y el pago existen tanto en un contrato de trabajo como en uno de servicios. Lo que los separa es la subordinación, que el artículo 23 define como la facultad del empleador de exigir el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponer reglamentos, durante todo el contrato. Se desarrolla en la subordinación como elemento del contrato de trabajo.

Un contratista puede recibir instrucciones y ser supervisado, pero sin perder su autonomía. Estos son los indicios que los jueces valoran con más frecuencia para concluir que había subordinación:

• Cumplimiento de un horario fijado por el contratante y control de asistencia.
• Llamados de atención, memorandos o sanciones disciplinarias.
• Ejecución de funciones propias de un cargo de planta, iguales a las de trabajadores vinculados.
• Uso de las herramientas, el uniforme y el correo corporativo del contratante.
• Contratos sucesivos durante años para la misma labor, a veces con periodos trabajados sin contrato.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 43364 de 2017, fue enfática en que los memorandos, las anotaciones en la hoja de vida y el disciplinamiento ante el grupo de trabajo no caben en una relación civil, en la que los incumplimientos se resuelven con las cláusulas del contrato.

Actividades en las que la ley o la jurisprudencia exigen contrato de trabajo.

Hay oficios en los que, por su naturaleza o por disposición legal, la regla es el contrato de trabajo.

Enfermeras.

La labor de enfermería se cumple bajo las órdenes médicas, con turnos y sin posibilidad de abandonar el puesto. Por eso el Consejo de Estado ha considerado que en estos casos la subordinación se presume y le corresponde a la institución desvirtuarla. La excepción son servicios puntuales, como un procedimiento breve en casa sin horario, o la contratación con una empresa que presta el servicio de enfermería y decide qué enfermera envía.

La enfermera contratada por una familia para cuidar permanentemente a un paciente en casa debe tener contrato de trabajo.

Conductores de servicio público.

La ley exige expresamente contrato de trabajo. El artículo 15 de la Ley 15 de 1959 dispone:

«El contrato de trabajo verbal o escrito de los choferes asalariados del servicio público se entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para efecto del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables.»

En la misma línea, el artículo 36 de la Ley 336 de 1996 ordena que los conductores sean contratados directamente por la empresa de transporte, solidariamente con el propietario del vehículo. Así, el conductor de taxi o de bus vinculado por un «arriendo» del vehículo o por prestación de servicios puede demandar a ambos.

Qué se reclama cuando se declara el contrato realidad.

Declarado el contrato, lo que se pagaba como honorarios pasa a ser salario, y sobre esa base se liquidan todos los derechos laborales no prescritos:

• Cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones.
• Horas extras y recargos, si se prueban.
• Aportes a pensión por todo el tiempo de la relación.
• La indemnización por despido sin justa causa, si se prueba el despido. Ver indemnización por despido injusto.
• La indemnización moratoria por no pagar salarios y prestaciones a la terminación y la sanción por no consignar las cesantías, cuando el juez encuentre mala fe.

Supongamos un contratista que recibía honorarios de $2.000.000 mensuales. Si se declara el contrato realidad, $2.000.000 es su salario, y sobre esa cifra se calculan las prestaciones, los aportes y las indemnizaciones.

Si no puede establecerse la remuneración, la Corte Suprema ha fijado el salario mínimo cuando se prueba que se cumplía jornada completa, como en la sentencia 46704 de 2016.

Prescripción y aportes a pensión.

Los derechos laborales prescriben a los tres años de haberse hecho exigibles, de modo que conviene demandar pronto después de terminada la relación. La excepción son los aportes a pensión, que no prescriben, porque financian un derecho vitalicio: el empleador debe pagar el cálculo actuarial por todo el tiempo de la relación. Ver prescripción de los derechos laborales.

Que el trabajador no haya reclamado mientras estaba vinculado no le quita el derecho. En la sentencia SL753-2020 la Corte explicó que ese silencio puede obedecer al desconocimiento o al temor de perder la fuente de ingresos.

El contrato realidad se declara a término indefinido.

Aunque los contratos de servicios se hayan firmado por plazos, el contrato realidad es indefinido, porque el término fijo es un pacto laboral escrito que nunca existió. Así lo sostuvo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL1692-2023, y la conclusión se refuerza desde la Ley 2466 de 2025, que exige que el término fijo conste por escrito como tal.

El contrato realidad con entidades públicas.

Cuando el contratante es una entidad pública, el trámite es distinto. La persona vinculada por contratos de prestación de servicios que en la realidad cumplía funciones subordinadas no se convierte en trabajador oficial ni en empleado de carrera: el juez contencioso administrativo reconoce, a título de reparación, las prestaciones que habría recibido un empleado, y ordena el pago de los aportes a pensión.

Estas reclamaciones se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, previa reclamación ante la entidad, y tienen reglas de prescripción propias fijadas por el Consejo de Estado. Conviene asesorarse antes de presentar la reclamación, porque los plazos son cortos.

A continuación respondemos las preguntas frecuentes de nuestros lectores.